Melilla se adhiere a este protocolo, aunque no estuvo en la reunión “por motivos de agenda”.
Las víctimas de violencia machista y sus hijos podrán desplazarse a casas de acogida de otras comunidades autónomas distintas a las suyas, sin coste alguno para ellas y en menos de quince días. Así lo acordaron ayer las regiones en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Melilla se ha adherido a este protocolo a través de un escrito que envió ayer por la mañana la viceconsejera de la Mujer, Fadela Mohatar, que aseguró a El Faro que no pudo asistir a esta reunión “por motivos de agenda”. Cataluña y País Vasco (junto con Melilla) son las únicas que no han firmado este acuerdo, aunque “por temas de competencias”, aseveró ayer la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Mohatar resaltó que fue en una jornada de trabajo hace dos semanas cuando las autonomías debatieron sobre los nuevos proyectos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la protección y atención de las mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos. Explicó que, en esta reunión técnica del pasado lunes 7, Melilla hizo una serie de aportaciones a los programas nuevos de lucha contra la violencia de género y mostró su intención de adherirse al protocolo que permite a las mujeres maltratadas poder solicitar plaza en otro centro de acogida fuera de su región.
La viceconsejera de la Mujer afirmó que no tiene ningún sentido no firmar este documento, ya que permite a las víctimas de violencia machista poder continuar con sus vidas en otras regiones.
Otros temas que fueron aprobados ayer en la Conferencia Sectorial de Igualdad fueron la presentación de una web en la que aparecen todos los recursos que hay disponibles para las mujeres maltratadas y sus hijos a nivel nacional y la mejora de la coordinación entre regiones para atender a las víctimas de la violencia machista, resaltó Mohatar.
Traslado cofidencial
El protocolo aprobado por la Conferencia Sectorial de Igualdad establece un marco común de actuación de acuerdo con las premisas de la seguridad, recuperación y confidencialidad de las víctimas y sus hijos.
Según el documento, la comunidad de origen de la víctima o si así lo acuerda con la de acogida asumirán los costes de desplazamiento y cuando llegue la mujer con sus hijos al nuevo centro éstos serán escolarizados de forma inmediata.
La comunidad de origen de la víctima también asumirá el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada.
La mujer será derivada a una casa de acogida situada en otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal y, en casos urgentes porque esté en juego su vida, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales, u organismos de igualdad.
El Ministerio también ha presentado a las comunidades las ‘Pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo’. Este documento recoge cómo se debe hacer una intervención personalizada y multidisciplinar con las víctimas y sus hijos. Además, hace hincapié en la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso.
