Conesa apunta que no se puede seguir esta vía, al no haber ley alguna que obligue al reparto.
El Gobierno local no podrá exigir en los pliegos de contratos públicos que las empresas repartan la bonificación a las cuotas de la Seguridad Social, según apuntó ayer el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía, Daniel Conesa. “No se puede introducir como motivo de exclusión en una licitación pública un requisito que no esté incluido en la ley que regula los contratos. Si pusiéramos una exigencia de ese tipo, el pliego podría ser impugnado. Estamos convencidos de que si se denunciara ante el Contencioso Administrativo, la Ciudad perdería el caso”, subrayó Conesa.
En este sentido, explicó que la voluntad del Ejecutivo continúa siendo la de que todas las empresas de Melilla repartan la bonificación con sus trabajadores, tal y como refleja el acuerdo que alcanzaron sindicatos y patronal a finales de 2012. “No miramos para otro lado”, apuntó el portavoz en respuesta a las últimas críticas del PSOE sobre este asunto.
Hay que recordar que la semana pasada la patronal y formaciones sindicales denunciaron que hay empresas de la ciudad que se niegan a aplicar el acuerdo de 2012, como es el caso de Eulen y FCC. Conesa recalcó que no hay normativa alguna que obligue al cumplimiento de ese acuerdo y reiteró que la intención del Gobierno local es que si el reparto no se realiza de buena fe, se haga por imperativo legal.
“El presidente Juan José Imbroda ya medió cuando los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) no llegaban a un acuerdo hace dos años. Si hay empresas que no respetan este pacto, el Ejecutivo dará un paso adelante”, recalcó. No obstante, señaló que primero habrá que esperar un tiempo prudencial para ver cómo discurre el asunto. “Espero que haya una solución rápida. He hablado con empresarios sobre el tema y ellos mismos reconocen que, desde el punto de vista legal, el asunto es bastante complejo”, añadió el portavoz.
Por imperativo legal
En resumidas cuentas, apuntó que si el reparto no se lleva a cabo de forma “razonable” la administración melillense tomará cartas en el asunto para que se lleve a cabo por la vía legal.
Por otro lado, Conesa reconoció que esta situación es ventajosa para las empresas que se niegan a repartir las bonificaciones a la Seguridad Social. En la misma línea, criticó que se trata de “cantidades muy pequeñas” y que no supondrían demasiado perjuicio para las empresas que no aplican el acuerdo con los sindicatos.
Sea como fuere, la esperanza del Ejecutivo es que dicho pacto se aplique de ‘motu propio’ y no sea necesario tomar cartas en el asunto. No obstante, el portavoz gubernamental insistió ayer en que están dispuestos a mover ficha para que el reparto de las bonificaciones sea obligatorio por ley, cumpliendo así con el espíritu del acuerdo que rubricaron los sindicatos y la patronal en 2012.
