La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, ha llegado a la conclusión de que no es necesario ningún tipo plan contra la pobreza en Melilla, la región que registra una de las mayores tasas de exclusión social del país.
En su opinión, no hay mejores estudios que el trabajo que se realiza en los centros de servicios sociales y las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En realidad, nadie ha cuestionado el trabajo de los centros de servicios sociales ni se han puesto en duda las estadísticas del Ministerio. No es ésa la petición que realiza EAPN, la plataforma que engloba a las principales ONGs que luchan contra la pobreza. Tampoco es la propuesta planteada por CpM y PSOE, los dos principales partidos políticos de la oposición. Ni tiene nada que ver con la demanda del sindicato de Educación SATE sobre la problemática de los escolares cuyas familias carecen de recursos para alimentarlos adecuadamente.
A Garbín le cuesta entenderlo, pero lo que proponen estas ONGs, partidos políticos y sindicato es que su consejería realice un estudio en el que se actualicen los datos sobre la pobreza, que establezca las líneas maestras de actuación y que, en definitiva, marque el camino a seguir, a poder ser, de manera consensuada.
Sin embargo, la consejera insiste en seguir con su peculiar ‘método de trabajo’, con el que hasta ahora no hemos llegado a ninguna parte. Insiste en limitarse a distribuir las partidas que lleguen a su consejería desde la Unión Europea, del Gobierno central o a través de los Presupuestos locales. Su estrategia contra la pobreza no va más allá de repartir los fondos que considere oportunos entre las asociaciones o entidades que lo soliciten y, bajo su criterio, las merezcan (siempre que cumplan los requisitos legales). La consejera Garbín no piensa ir más allá del reparto de peces. Aquello de enseñar a pescar debe de considerar que está más allá de sus funciones. Por otra parte, su estrategia le permite sumarse al éxito que puedan alcanzar las asociaciones receptoras de las ayudas y, al mismo tiempo, evita compartir la responsabilidad del fracaso porque siempre podrá argumentar que la Consejería ya ha cumplido con su parte al asignar los fondos.
Ayer Garbín insistía en este planteamiento al subrayar que el Gobierno local, a través de su consejería, es “el que más ha invertido en los melillenses”. Probablemente tenga razón. Tal vez los números estén de su parte, pero los ciudadanos no exigen a Garbín que sea la consejera que gaste ‘más’ sino que sea la que ‘mejor’ utilice las recursos económicos que los contribuyentes ponemos en sus manos a través de nuestros impuestos. Y para ello, como es lógico, antes de empezar a hacer uso de nuestro dinero, es necesario que analice el problema que se pretende solucionar, y con más detalle aún si es uno tan complejo como el de la pobreza en nuestra ciudad. Sólo así tal vez algún día María Antonia Garbín se dé cuenta de que la principal función de su consejería no es dar de comer a los melillenses que se encuentran sumidos en la pobreza o al borde de caer en la exclusión social. A los primeros hay que ayudarlos a reintegrarse en la sociedad y a los segundos hay que apoyarlos para evitar que caigan en la miseria. Ni unos ni otros quieren limosnas ni muestras de misericordia. Si pudieran elegir y alguien estuviera dispuesto a enseñarles a utilizar una caña, probablemente rechazarían todos los ‘peces’ que Garbín les ofrece con nuestro dinero.
Desgraciadamente no va a ser así porque la cabezonería de la consejera de Bienestar Social le empuja a hacer justo lo contrario de lo que aconsejan EAPN, CpM, PSOE, SATE y el sentido común.
