El anuncio se produce tras el informe sobre Derechos Humanos de la ONU y AI.
El procurador general del Rey (fiscal) ante el Tribunal de Apelación de Rabat pidió ayer al juez de instrucción que se investiguen las alegaciones de torturas supuestamente sufridas por el ciudadano belga, nacido en Melilla, Ali Aarrás.
“Esta petición se produce después de la publicación de los informes del relator de la ONU contra la tortura (Juan Méndez, que visitó el país en 2012) y Amnistía Internacional” respecto al caso de Ali Aarrás, indicó el Ministerio de Justicia de Marruecos en un comunicado, según la agencia MAP.
El 13 de mayo, Amnistía Internacional (AI) denunció que la Ley Antiterrorista en Marruecos había permitido que Aarrás sufriera torturas en un centro secreto de un servicio de espionaje y que, aunque éste las denunció en varias ocasiones, sólo logró una investigación médica que, de acuerdo con la organización, estaba “lejos de adecuarse a las normas internacionales”.
Dos días después de la presentación del informe de AI, en el que se calificaba la tortura de frecuente y se criticaba la impunidad en la que está envuelta, el Gobierno marroquí se comprometió a investigar las denuncias de tortura y castigarlas. Ayer, el Ministerio de Justicia señaló que la investigación se llevará a cabo también para asegurar la veracidad de las alegaciones e identificar a los eventuales responsables, así como para profundizar sobre las demandas de tortura presentadas por la defensa de Aarrás.
Un caso que se remonta a 2008, cuando es detenido
Ali Aarrás fue detenido en Melilla en 2008 por su supuesta relación con una red de terrorismo islamista, por lo que la Audiencia Nacional española autorizó su extradición a Marruecos, tras el compromiso del Gobierno de Rabat de que no sería condenado a muerte ni a cadena perpetua, sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. El año pasado Aarrás llevó a cabo una huelga de hambre, negándose incluso a la ingesta de líquidos, para protestar por los supuestos malos tratos que recibe por parte de las autoridades de la prisión.
Este hecho ya entonces fue denunciado por AI, que desde un principio se opuso a su extradición, ante la posibilidad de que sufriera tortura y otros malos tratos y fuera juzgado sin las debidas garantías, unos temores que, a juicio de la organización, se han cumplido.
