El grupo catalán cree que España debe ampliar el cupo de reasentamiento de sirios.
El Boletín Oficial del Senado publicó ayer la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya por la que insta al Ejecutivo central la adopción de medidas para garantizar la aplicación de los derechos de asilo. Concretamente, en su tercer punto pide que se garantice “de forma especial” el cumplimiento de los plazos legales en Melilla y Ceuta de la ley de asilo, que es de un máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes de asilo y refugio.
En la moción también insta al Ejecutivo popular a garantizar el derecho de los solicitantes de asilo de su libertad de circulación, de acuerdo con la misma ley, la Convención de Ginebra y las numerosas sentencias judiciales al respecto. Igualmente, Entesa solicita al Gobierno que se fijen unos criterios “claros” para determinar los traslados humanitarios a la península que erradiquen actuaciones “arbitrarias”. “Dichos criterios deben incluir indispensablemente a las personas procedentes de países en conflicto, así como a otros solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas que no pudieran ser atendidas adecuadamente en Melilla y Ceuta”, explica el grupo parlamentario catalán.
Más sirios acogidos
La moción también propone medidas específicas para el colectivo sirio. En este sentido, Entesa cree que se debería ampliar el cupo de reasentamiento establecido para este año, fijado en 130 personas. “El Gobierno debería acelerar las gestiones para materializar y hacer efectivo el compromiso de reasentamiento de las 130 personas refugiadas sirias, aumentar las cuotas de reasentamiento y eliminar los obstáculos y garantizar el acceso al territorio español de los refugiados sirios”.
Por último, la moción de Entesa cree que tres meses es un plazo razonable para que el Gobierno apruebe el reglamento que debe desarrollar la Ley 12/2009 que regula el derecho de asilo y de la protección subsidiaria, incorporando las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, Acnur y el Defensor del Pueblo.
