“El Gobierno ha reforzado la protección de los menores ante situaciones de violencia de género como víctimas directas y ante abusos sexuales”. Esa es la principal conclusión de María del Carmen Dueñas sobre la reforma de la legislación de protección de la infancia.
La secretaria regional del PP de Melilla y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado considera que con esta medida legislativa presentada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, España se convierte en el primer país del mundo en integrar en su ordenamiento la defensa del interés superior del menor, que primará siempre ante cualquier otra consideración.
Víctimas de violencia de genero
La senadora Dueñas ha valorado como “enormemente positivo” que la reforma aprobada incida en uno de los aspectos prioritarios y necesarios, como es el problema de los menores que son víctimas de la violencia de genero. En este sentido, recuerda que ha venido insistiendo en esta cuestión desde la pasada legislatura para que fuera tomada en consideración en el Parlamento.
La calificación de los menores como víctimas directas ha sido posible gracias a la modificación del artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Dueñas ha señalado que a partir de ahora los jueces tendrán la obligación de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a los hijos de mujeres maltratadas con el fin de garantizar su protección. Este cambio se produce tras la reunión que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantuvo con sus homólogos de Justicia e Interior la pasada semana.
La reforma establece que, a partir de ahora, los menores que son víctimas de violencia de género permanezca con sus madres. Esto será así independientemente de su edad, una cuestión “tremendamente importante”, según Dueñas.
Derecho a ser oídos
La senadora también destaca que, teniendo en cuenta la primordial defensa del interés superior del menor, la redacción de la reforma promueve la participación de los menores a través del derecho a que sean oídos y escuchados. La medida incluye a los menores de 12 años, siempre que tengan la madurez suficiente. Por lo tanto, en la resolución de procedimientos judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y lo que éste ha manifestado.
Otro punto de la reforma destacado por Dueña se refiere a evitar “la victimización secundaria” del menor. Por este motivo, se contempla que si éste es testigo o víctima en un proceso judicial, no tenga que repetir testimonio ante diferentes instancias judiciales. Además, se garantizará en todo momento que sea asistido por expertos en desarrollo infantil.
Cooperación entre autonomías
Otro aspecto destacado por la senadora Dueñas es la “cooperación” entre autonomías y el “consenso” alcanzado para llevar a cabo esta reforma. Ambos aspectos han sido imprescindibles para conseguir sacar adelante la modificación de la normativa. Además, se ha contado con el apoyo de entidades sociales especializadas en la defensa de los derechos de la infancia.
Gracias a este trabajo conjunto y a las medidas adoptadas, ha sido posible actualizar la legislación para la protección del menor en consonancia con la normativa internacional y las jurisprudencias española y europea. Además, se ha dado respuesta a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Este es el espíritu que ha permitido llevar a cabo la reforma, según Dueñas, quien espera que ahora el texto aprobado en el Consejo de Ministros se inriquezca con las aportaciones de todos los grupos políticos, de tal manera que el anteproyecto se convierta en ley con el máximo consenso posible.
