La Defensora del Pueblo exige que los protocolos de actuación de Policía y Guardia Civil sean claros.
Se puede decir más alto, pero no más claro. La Defensora del Pueblo ha avisado a los diputados del Congreso de que, de acuerdo con la legalidad vigente, “sólo se puede proceder a la devolución (de inmigrantes), con asistencia letrada, que debe tramitar el Cuerpo Nacional de Policía”. Así está recogido en la revista El Defensor al Día del mes de marzo.
Las palabras de Becerril obviamente han caído en saco roto tras las últimas devoluciones de los inmigrantes que el pasado jueves se encaramaron durante horas a la valla de Melilla y finalmente fueron entregados a Marruecos.
Desde el Ministerio del Interior recalcan que la doble alambrada no se considera territorio español aunque la Abogacía del Estado defiende que sí lo es.
Becerril también aboga por una política común para las fronteras del sur de Europa y señala que no basta con una Agencia Europea del Control de Fronteras, aunque la revista de la institución no recoge sus propuestas al respecto.
Asimismo, la Defensora del Pueblo destaca la necesidad de que existan protocolos de actuación “claros” para los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
No hay que olvidar que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reclamado hasta la saciedad a los mandos de la Benemérita indicaciones claras sobre cómo se debe actuar ante la entrada ilegal de inmigrantes a la ciudad.
Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior, como la Delegación del Gobierno creen que ya existen directrices sobre el tema y apelan a la “profesionalidad” de los agentes que trabajan a pie de valla.
Derechos humanos
La revista El Defensor al Día también recoge la opinión de la institución sobre el respeto a los derechos humanos en las fronteras. De ahí que Soledad Becerril recuerde que los métodos de contención y control fronterizos deben contemplar “siempre” la obligación de utilizar medios que sean respetuosos con los derechos humanos, con el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones internacionales asumidas por España.
Aunque la Defensora del Pueblo admite que es consciente de las dificultades que entraña en estos momentos el control de la frontera sur (Melilla y Ceuta) insiste en que “ante la interceptación por parte de la Guardia Civil de una persona que intenta acceder a territorio nacional de manera irregular, la única actuación prevista por la Ley de Extranjería es la inmediata puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la incoación de un expediente de devolución”, explica Becerril.
Finalmente, el Defensor del Pueblo recuerda que ha abierto una investigación sobre la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos en Ceuta en febrero pasado.
Sobre la atención sanitaria a extranjeros
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha querido intervenir en el tema de la no prestación sanitaria gratuita a inmigrantes irregulares. De hecho la institución ha solicitado exenciones totales o parciales del pago de la suscripción del convenio especial de asistencia sanitaria, que sólo disfrutan de momento las inmigrantes embarazadas, los menores de edad y los extranjeros que sufren enfermedades graves.
Becerril subraya además en la revista El Defensor al Día del mes de marzo que el pasado 7 de febrero abrió una investigación para conocer las circunstancias en las que murieron 15 inmigrantes en la playa del Tarajal de Ceuta, durante su intento de acceder ilegalmente a la ciudad caballa. Asimismo, tras conocer que la Fiscalía de Ceuta y el Juzgado de Instrucción de esa localidad están investigando los hechos, recuerda que, por respeto a la independencia judicial y a lo establecido en la Ley Orgánica reguladora de la institución, no se pronunciará sobre lo ocurrido.
