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Familias sirias lloran por la burocracia de Bienestar Social

Por Tania Costa
08/04/2014 11:59 CEST
Familias sirias lloran por la burocracia de Bienestar Social
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La Consejería ha devuelto nueve niños a las personas que aseguran ser sus padres. La Fiscalía no se opone a que menores casadas vivan en el CETI con sus maridos.Un menor tiene angustiada a su madre porque quiere salir del centro de acogida

La agonía de las familias sirias que quieren reunirse en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con sus hijos menores de edad continúa. Ayer varias madres y padres de nacionalidad siria seguían a las puertas de la Consejería de Bienestar Social reclamando que les permitan convivir con sus pequeños en el CETI a la espera de que lleguen las pruebas de ADN practicadas para comprobar el grado de filiación que les une.
De momento, la Consejería de María Antonia Garbín, cumpliendo con la orden dada por la Fiscalía de Menores, ha devuelto ya a nueve niños a sus padres. Si bien es cierto que desde el pasado jueves los expedientes se han tramitado con agilidad, aún quedan casos por resolver.
No hay que olvidar que la propia fiscal de Menores de Melilla, Isabel Martín, aseguró a El Faro que el decreto enviado a Bienestar Social el pasado jueves podría afectar a una veintena de familias sirias que están en el CETI.
Aunque en general los padres que aún no conviven con sus hijos  están desesperados y quieren resolver su problema de manera inmediata, la situación de Mariam Ahmad es desesperada. Su hijo pequeño, que está en un centro de acogida bajo la tutela de la Ciudad Autónoma, ha visto cómo el resto de compatriotas sirios ha vuelto con sus padres al CETI y ha asegurado a su madre que está angustiado por no poder salir.
La mujer lloraba ayer amargamente porque al parecer, ella había entendido que ayer lunes le iban a devolver a sus dos hijos. Sin embargo, al dirigirse a Bienestar Social, los técnicos le dijeron que volviera el miércoles.
Fue ahí cuando la mujer se agarró a la verja de la Consejería de Bienestar Social y se echó a llorar. Ni su dolor ni su llanto hicieron mella en la burocracia. La explicación que le dieron al abogado que representa a los sirios, Mohamed Busian Mohamed, siguió siendo la misma: Que vuelva mañana miércoles a Bienestar Social.
En principio, es cuestión de tiempo que se resuelva el problema de Mariam Ahmad. Más difícil lo tiene Sabri Alsarhan. El joven sirio asegura que está casado legalmente con una adolescente de 16 años que acaba de dar a luz en Melilla, hace menos de un mes. Ambos, madre e hijo, están en La Gota de Leche. La Policía Nacional no da por buenos los papeles que él ha presentado para certificar el matrimonio y, de momento, la justicia española no ha encontrado una salida a casos como el suyo.
En principio, explica el abogado Mohamed Busian Mohamed, en España se considera que a partir de los 16 años, las menores casadas están emancipadas.
El problema de Sabri Alsarhan es que él no puede demostrar la legalidad de su matrimonio y tampoco podrá inscribirlo en la Comisión Islámica de Melilla (CIM). Así lo confirmó ayer a El Faro, Samir Mohamed Tieb, portavoz de la principal asociación musulmana de la ciudad.
Según explicó Mohamed Tieb, esto es algo que se escapa tanto a la CIM como a la Ciudad Autónoma. “Para casar a una pareja por el rito musulmán, pedimos un  certificado de capacidad que otorga el Registro Civil. Una vez que presentan este documento, la Comisión Islámica procede a casar a la pareja y ésta luego debe inscribirse en el Registro Civil”.
En ningún caso Sabri Alsarhan podría acogerse a esta fórmula porque al no tener residencia legal en Melilla, el Registro Civil le denegaría su solicitud.
En una situación algo mejor, está Houssin Aldankar y su esposa Ghana Albattah. Los dos están casados y tienen una niña de dos años. La madre es menor de edad (nacida en 1996) pero ella y su marido tienen el libro de familia que demuestra la validez de su matrimonio.
Ayer el abogado Mohamed Busian Mohamed les avanzó que en principio la fiscal de Menores no se opone a que la familia viva junta en el CETI. La decisión depende ahora de Bienestar Social.

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