La Gerencia Territorial reconoce la existencia de “persistentes” goteras en el ‘platillo’ de la planta 13º y de los defectos estructurales que la Inspección de Trabajo señaló en su informe.
El Ministerio de Justicia reconoce la existencia de deficiencias en la sede de los juzgados de Melilla, las Torres del V Centenario. Concretamente, las goteras en el ‘platillo’, es decir, en la planta 13º, y las deficiencias estructurales que la Inspección de Trabajo recogió en su informe, en el que daba un plazo de 6 meses para subsanar esos defectos. Esas deficiencias, cabe recordar, han sido denunciadas en varias ocasiones por el juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, y de ellas se hizo eco El Faro en su edición del pasado lunes. En respuesta a la denuncia pública, el Ministerio insiste en que invierte “mucho esfuerzo y medios económicos” para reparar y mantener las instalaciones.
El Ministerio de Justicia tiene una cuota de participación del 44% en la Comunidad de Propietarios de las Torres del V Centenario, a la que también pertenecen la Delegación de la Agencia Tributaria, Hacienda, la Dirección Territorial del Ingesa, la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y la Abogacía del Estado. Esta ‘comunidad de vecinos’ ha contratado a la empresa Clece para el mantenimiento integral de los edificios, con un coste anual de 265.000 euros aproximadamente, según informa el Ministerio.
“De igual modo y siempre que ha sido necesario, se ha realizado la contratación de otras empresas para llevar a cabo otras tareas de mantenimiento estructural”, aclara el Ministerio y añade que sólo en concepto de mantenimiento del edificio se realizaron 17 actuaciones en 2013.
Las goteras
El Ministerio reconoce la existencia de goteras en el ‘platillo’, como ya explicó en una nota de prensa el pasado 6 de marzo. “Efectivamente, en la cubierta del edificio se ha registrado un problema de goteras, persistente en los últimos meses por las inclemencias meteorológicas”.
En este sentido, cabe recordar que el mismo Ministerio explicó en esa nota de prensa que se habían hecho varias reparaciones para las goteras, pero el sábado 29 de marzo volvieron a aparecer, como ya informó El Faro el pasado lunes. Ante estas nuevas filtraciones, el Ministerio informa que “en cuanto el tiempo así lo permita y no se ponga en riesgo el trabajo de los operarios”, se volverá a actuar en la cubierta de la planta 13º para “la reparación de los sumideros”, pues este parece ser ahora el problema de las goteras.
Por otro lado, insiste en que “no se ha detectado en el edificio deficiencia estructural alguna que comprometa la integridad y seguridad del mismo”. Las denuncias del juez decano aluden a una falta de mantenimiento en el forjado del ‘platillo’ que, unido a las inclemencias meteorológicas de Melilla, como son frecuentes los temporales de viento, provocan que estas instalaciones ‘se muevan’.
En este sentido, hay que recordar también que la Inspección de Trabajo exigía en su informe del pasado febrero la subsanación de las deficiencias detectadas en “materia de gestión integral de la prevención y condiciones estructurales y termohigrométricas del centro de trabajo”. Esas “condiciones termohigrométricas” están relacionadas con el impacto sobre las instalaciones de trabajo de la humedad (lluvias) y del viento, entre otros aspectos.
Prevención de riesgos
En este aspecto, el Ministerio ha remitido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de Justicia el informe de la inspección para que “en el plazo concedido de 6 meses, se proceda a realizar la revisión de las indicaciones realizadas”.
Desde Justicia reiteraron que tanto este organismo como el resto de los miembros de la Comunidad de Propietarios “acometen con eficacia y dedicación sus obligaciones en relación a las situaciones de emergencia, designando los equipos de intervención, formándolos, dotándoles de medidas y equipos suficientes y comprobando su correcto funcionamiento periódicamente”.
Además, recuerda que, una vez quede implantada la nueva Oficina Judicial, se realizará la actualización del Plan de Emergencia y Autoprotección, implantado en el año 2003 y revisado en 2007, 2010 y 2012. Por último y en nombre de la Comunidad de Propietarios, el Ministerio de Justicia aclara que no se “descuidan las obligaciones que conlleva la buena administración de un edificio público compartido, al que se dedica mucho esfuerzo y medios económicos”.
