El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Consejería de Bienestar Social han firmado un convenio de colaboración, por el que se comprometen a invertir casi ocho millones de euros en mejorar la atención a menores extranjeros no acompañados (mena), acogidos en nuestra ciudad.
En concreto, el Ministerio destinará 1,25 millones de euros, mientras que el Gobierno local se hará cargo de los 6,7 millones restantes. El acuerdo, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) obliga a Bienestar Social a cumplir la actual Ley del Menor en el cuidado de estos niños.
El acuerdo entre ambas administraciones tiene como objetivo mejorar la atención prestada en los centros de menas que se encuentren en nuestra ciudad. Bienestar Social se compromete, en base a este convenio, a dotar con los recursos y medios necesarios el cuidado y acogida de estos menores.
En concreto, la Ciudad tiene que atender de forma inmediata tanto a los mena, como a aquellos jóvenes cuya minoría de edad no pueda ser establecida en el momento de su llegada a Melilla. Los menores tendrán que ser alojados en unas condiciones adecuadas a sus necesidades específicas. La atención que Bienestar Social tendrá que ofrecer a estos niños tendrá que respetar el “vigente marco normativo aplicable a los menas” y en particular lo establecido por la ley de Protección Jurídica del Menor.
Cabe recordar en este punto que las entidades (Defensor del Menor de Andalucía, ex defensor del menor de Madrid, Defensor del Pueblo) que han denunciado en varias ocasiones el hecho de que en Melilla se cese la tutela de los menas cuando estos pasan una noche fuera del centro de acogida, se basan precisamente en la ley de Protección Jurídica del Menor. Según indicó el Defensor del Menor de Andalucía, esta normativa obliga a las administraciones a hacerse cargo del menor de forma permanente, con las únicas excepciones de que el niño cumpla la mayoría de edad, aparezcan sus tutores legales o el joven desaparezca y resulte “imposible” encontrarlo. En ningún caso, indicaron desde esta entidad, una administración puede cesar la tutela sólo porque el niño se vaya una noche del centro.
El convenio entre Ministerio y Ciudad publicado ayer en el BOE indica, además, que la administración tendrá que encargarse de la orientación, escolarización e inserción laboral del menor. Asimismo, tendrá que ofrecer apoyo psicosocial en el caso de que lo necesite. Bienestar Social tendrá, además, que aportar todos los meses información y datos sobre los menas que residan en su territorio y las actuaciones llevadas a cabo en el marco de este convenio a la Secretaría General de Inmigración e Inmigración.
De acuerdo con esto, la Ciudad tendrá que someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección que considere necesarios desde el Ministerio. Además, tendrá que presentar la justificación de los gastos realizados en base a esta subvención concedida por el Ministerio. Bienestar Social deberá que entregar una memoria económica al terminar la vigencia del acuerdo.
Para realizar las tareas de seguimiento, habrá una comisión integrada por cuatro personas, dos representantes de la Ciudad y dos de la Administración General, de los que uno llegará desde la Secretaría de Inmigración y el otro será designado por la Delegación del Gobierno. Esta entidad se encargará de velar por el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo y además, resolverá todos los problemas que puedan surgir sobre la interpretación del mismo.
La subvención es compatible con otras ayudas para la misma finalidad, siempre y cuando la Ciudad informe al Ministerio de que ha obtenido recursos por parte de otra entidad o administración pública.
