Los inmigrantes expulsados a Marruecos el jueves tras permanecer varias horas encaramados en la valla que separa nuestra ciudad del país vecino estaban en España.
Así lo afirmó ayer en declaraciones a El Faro el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans. El abogado explicó que la alambrada está construida en terreno español y por tanto si una persona se sube a ella, ya está en España. En cualquier caso, Solans reconoció que en caso de que haya dudas sobre si está o no en nuestro país, la interpretación siempre tiene que ser la más favorable a los derechos fundamentales del inmigrante, tal y como dice el Tribunal Constitucional.
El abogado indicó que si la valla estuviera construida en territorio cedido por España y Marruecos, algo que sólo habría sido posible mediante un acuerdo con el país vecino, la cuestión se analizaría desde otro punto de vista, porque en ese caso, los inmigrantes encaramados en la verja, no estarían en nuestro país.
No obstante, Solans resaltó que el caso concreto de los inmigrantes expulsados el jueves no existe ninguna duda. El portavoz del CGAE recordó que los subsaharianos descendieron por la última valla y pisaron suelo español, por lo que no cabe ningún tipo de interpretación. “Estaban dentro de nuestro país”, aseguró, y por lo tanto la actuación de la Guardia Civil “no fue legal”.
En este punto, cabe recordar que varios dirigentes políticos han afirmado en los últimos días que no puede considerarse que un inmigrante está en España hasta que no ha superado todos los obstáculos, incluidos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Solans aseguró ayer que esta afirmación no tiene ninguna base jurídica y aseveró, además, que se trata de una explicación que carece de lógica. “Hablar de frontera chicle es absurdo. Imagínese que la Guardia Civil se pone en huelga y no hay ningún agente, el inmigrante cruza y sigue avanzando hasta Francia, pero como no ha superado el obstáculo de los agentes de las FCSE, llegaría al país galo sin haber estado en España. No tiene ningún sentido”, apostilló.
En cuanto a la acuerdo entre España y Marruecos para la devolución de inmigrantes, Solans explicó que este documento no legitima las expulsiones sumarias. El abogado indicó que se trata de un convenio por el que nuestro país pide a Marruecos que acepte a aquellos inmigrantes que sean entregados de nuevo a territorio alauí en el caso de tener que ser expulsados según la Ley de Extranjería. “Eso no tiene nada que ver con incumplir la ley. Marruecos acepta a los inmigrantes, de acuerdo. Pero, ¿cómo se hace esa devolución? . Ahí es donde entra en juego la Ley, porque se se trata de un aspecto que no regula el convenio. Una vez que un inmigrante ha entrado en nuestro país hay identificarlo y abrir un expediente. Es después de hacer ese trámite, cuando se aplica el acuerdo con Marruecos para que acepte a estos extranjeros de vuelta a su territorio, nunca antes”, precisó.
El portavoz del Consejo General de la Abogacía Española insistió en que las devoluciones que está haciendo la Guardia Civil son irregulares. Solans señaló que lo lógico sería que el propio Ministerio del Interior hubiera reconocido ya que se trata de unas prácticas que están fuera de la ley. Asimismo, señaló que es imprescindible que se abra un proceso de investigación para depurar responsabilidades. Según el abogado, tendría que ser la Fiscalía la que instara a que se pusiera en marcha dicha investigación. En el caso de que ellos no actúen, el inicio de un procedimiento judicial para analizar lo ocurrido dependería de que algún particular o asociación presenten una querella denunciando los hechos.
“Quien da la orden es el máximo responsable de la expulsión”
os agentes de la Guardia Civil fueron ayer los encargados de ayudar a los inmigrantes a descender de la verja, conducirlos a la zona de entrevallas y entregarlos a los militares marroquíes. ¿Son ellos los responsables, si se está cometiendo una ilegalidad? El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, aseguró ayer que el máximo responsable en el caso de que se iniciara un proceso judicial sería la persona que da la orden de que se devuelva a los inmigrantes. “Yo no sé quién es esa persona. Puede ser el delegado del Gobierno, pero también cabe la posibilidad de que él haya dicho lo contrario y los agentes hayan actuado por su cuenta y riesgo. Es una cuestión que habría que analizar en una investigación”, explicó. En cualquier caso, Solans señaló que si hubiera un proceso judicial todas las partes serían investigadas para dirimir qué parte de ‘culpa’ tiene cada una. El abogado no descartó que incluso los guardias civiles pudieran tener algún tipo de responsabilidad jurídica por cometer un acto ilegal, aunque sea cumpliendo una orden.
