La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Melilla cree que la situación del sistema educativo en la ciudad es tan catastrófica, que es necesario que se declare algo parecido a un estado de emergencia para poder asumir urgencias que llevan años arrinconadas en un cajón y que, de esta forma, lleguen pronto los recursos.
Aquí faltan maestros pese a que el presupuesto destinado a personal es abultado. Se necesitan más docentes para poder desdoblar aulas y evitar que haya clases hasta de 39 niños en Primaria. Se conseguiría abriendo colegios e institutos mañana y tarde y si el Ayuntamiento cede espacios provisionales. Pero para eso hacen falta, por supuesto, más conserjes y otro tipo de personal no docente.
En Melilla hay 106 aulas de Educación Infantil y la Ciudad sólo tiene contratados 65 técnicos. Flaquea la plantilla por todos lados. Lo mires por donde lo mires, es insuficiente. Es lo que tiene batir el récord de natalidad en la Unión Europea, tanto ahora como en las proyecciones hasta 2030.
Y también tener un ex director provincial de Educación que, en opinión de la Fampa, dejó todo manga por hombro y no respondía a las solicitudes, aportaciones ni a las preguntas de la Federación de las AMPA de la ciudad bajo su responsabilidad.
Al ex representante del Ministerio de Educación, José Manuel Calzado, le preguntaron por el amianto en los colegios, por los contratos de limpieza, las promesas incumplidas de centros o por contratos de los que no tienen la información pública que marca por la Ley de Transparencia, y siempre recibieron la callada por respuesta. Aún hoy sigue sin decir nada en redes sociales o prensa, a pesar de que se supone, es la persona con más información sobre lo que está ocurriendo en nuestra educación.
Contrario a lo que ocurre en Ceuta, Melilla es la única de las grandes urbes españolas que no prevé una ayuda para la Fampa, como las que concede la Consejería (precisamente de Educación), por ejemplo a las casas regionales y asociaciones de vecinos.
Las familias de los alumnos parece ser que son poco menos que el grano en el culo de la Administración local. ¿Cómo van a querer recibirlos si el último colegio que se inauguró en Melilla se hizo en 2009 y antes de ese hacía 32 años que no se abría ninguno?
Los políticos saben que faltan aulas, personal, becas…, pero también son ellos los que hacen cuentas y eligen a qué conceden el presupuesto, que no da de sí para todo y menos para arañar para quienes le critican.
En la primavera del año pasado la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Melilla pidió reunirse con el consejero de Educación, Antonio Miranda, y aún no han tenido esa suerte. ¿Puede un responsable político ignorar o eludir un encuentro con una parte fundamental de la ciudadanía relacionada con su cometido?
De momento han sido convocados o escuchados por toda la oposición e incluso con partidos como UPyD o EQUO, sin representación en la Asamblea local. Pero el PP, responsable de la educación en los últimos años, se les resiste.
De hecho, se mantienen la espera de reunirse con el presidente Imbroda, si finalmente éste accede a recibirlos.
No obstante, esta semana ha habido un avance y han tenido un encuentro con el consejero de Fomento, Javier González, y con él han hablado sobre el Plan de Choque educativo y las infraestructuras que padres y madres de alumnos están pidiendo a gritos.
A González, aún sin ser su competencia, le han mostrado su preocupación por el mantenimiento de los colegios públicos y los trabajos pendientes desde hace años.
La Fampa pide que en caso de reunirse finalmente con Miranda, se pueda pasar revista a las necesidades de los centros, uno por uno, y a partir de ahí priorizar las acciones que ya no pueden esperar.
Para todo eso hace falta estar abierto al diálogo y escuchar a quien no tiene aplausos para ti. Lo fácil es lidiar con los que bailan al ritmo de tu música, pero lo realmente difícil es encajar las críticas de quien sólo te quiere para exigirte que, entre otras cosas, hagas algo por la educación de niños y niñas de esta ciudad. Si se hace bien, los aplausos serán sonoros.
Aquí de lo que se habla es de que tanto Gobierno local como Ministerio se rasquen el bolsillo y cuenten con el apoyo unánime de todos los partidos porque la Educación debería ser una cuestión de Estado y de Ciudad.
Por otro lado, representantes de la Fampa han estado en el Comité de Garantías de la Admisión en el mes de junio, en él que ya advirtieron de que tenían quejas y denuncias todos los años de familias que demostraban su derecho a escolarizar a sus hijos.
Ahora han venido, en el turno extraordinario habitual que se abre cada septiembre, ciento y pico de alumnos, según el PSOE, y 700, según el Gobierno.
Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos aseguran que había casos sobre la mesa de niños que venían de traslado de la península a los que la Dirección Provincial nunca les dejó matricularse porque se amontonaban las peticiones y no se tramitaban. Había además solicitudes de cambio de centro para reagrupar hermanos regados por toda la ciudad.
También niños que han nacido en Melilla y que nunca han pisado Marruecos porque al no tener papeles no salen de aquí. A ellos se les negaba el acceso a la escuela, cuando la legislación nacional e internacional los ampara.
Ahora no han sido matriculados, según los expedientes que ha visto la Fampa, “presentando un tique del cine Perelló”, como dice CSIF, sino por una cuestión de justicia y cumpliendo la ley. Y si no ha sido así, esa misma justicia debe hablar alto, rápido y claro.
