Ya son 785 los juicios suspendidos en Melilla por la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, antes conocidos como secretarios. Fuentes del sector han indicado que esa cifra corresponde al período comprendido entre el 24 de enero y el 17 de febrero pasado, ambas jornadas inclusive.
La huelga cuenta en la ciudad con un alto porcentaje de seguimiento (85%), ya que 12 de los 14 letrados afectados por la convocatoria ha seguido el llamamiento a los paros, que están a menos de una semana de su primer mes de vigencia. En los primeros siete días de la huelga fueron suspendidos entre 70 y 75 juicios y desde entonces hasta ahora prácticamente no han salido procedimientos adelante
A lo largo de estos días, la paralización de los juzgados ha sido casi total, si bien sí han funcionando los servicios mínimos, caso del juzgado de guardia, temas relacionados con derechos fundamentales o el ejercicio de medidas cautelares.
El caso es que, a estas alturas de la huelga, no se tiene un horizonte claro que indique la finalización de la paralización de los servicios. La última reunión que mantuvieron representados de estos letrados judiciales y del Ministerio de Justicia, terminó sin acuerdo y con un fuerte enfrentamiento entre las partes.
Y en ese sentido cabe resaltar que es la cuestión retributiva la que tiene la negociación en jaque. El propio secretario de Estad de Justicia Tontxu Rodríguez, ha criticado que estos letrados se hayan negado a aceptar su oferta económica que, según afirma, beneficiaría, sobre todo, a los que menos cobran.
Según sus palabras, “esta huelga no es de trabajadores que quieren llegar a final de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Me recuerda mucho a aquellas de los pilotos o de los controladores aéreos”, manifestó.
El Ministerio de Justicia ha afirmado que solo queda por cumplir uno de once puntos reivindicados por las asociaciones que engloban a estos profesionales, tal cual es la revisión del complemento de productividad. Asimismo, considera “fuera de lugar” sus peticiones salariales teniéndose en cuenta, afirman las autoridades ministeriales, que sus sueldos van a crecer una media de 14,76% en tres años.
Mientras, las asociaciones profesionales convocantes de la huelga aseguran que los representantes del Ministerio “no intercambian palabra” en la mesa de negociación, actitud que califican de “irresponsable”. El portavoz del comité de huelga, Juan José Yáñez, ha acusado a Justicia de “tener como rehenes a todos los ciudadanos españoles” y ha negado que hayan elevado sus exigencias salariales.
Y en medio de esa batalla, el Consejo General de la Abogacía reclama “celeridad y responsabilidad” para resolver un bloqueo que está “perjudicando gravemente” a juzgados y tribunales.
