Vox se querella contra CpM por compra masiva de votos en las elecciones de 2023

El partido político Vox ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla una querella contra Coalición por Melilla (CpM), su presidente Mustafá Aberchán y más de una treintena de personas físicas y jurídicas, por su presunta implicación en una trama de compra masiva de votos por correo en las elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2023.

Según se recoge en la querella, los hechos constituyen presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y delito electoral. Vox solicita al juzgado la apertura de diligencias y la adopción de medidas cautelares para proteger la integridad de las pruebas.

El escrito, firmado por la procuradora Cristina Fernández Aragón y la letrada Marta Castro Fuertes, sostiene que el entramado funcionaba de forma jerarquizada y tenía por objetivo alterar los resultados electorales mediante la compra de votos por correo, a cambio de dinero, alimentos o favores. La formación acusa directamente a CpM de operar como una organización delictiva desde su entrada en el Gobierno de Melilla en 2019, utilizando las consejerías que controlaba para adjudicar contratos públicos de manera fraudulenta y obtener fondos que luego se destinarían a la compra de votos.

Uno de los principales señalados es Mustafa Aberchán, presidente de CpM, quien ya fue condenado por fraude electoral en 2008. Aunque inhabilitado para cargo público en las elecciones de 2023, Vox asegura que siguió ejerciendo funciones de liderazgo efectivo tanto en el partido como en las instituciones. Según la querella, daba órdenes directas a consejeros, controlaba pagos, gestionaba recursos y autorizaba adjudicaciones. También habría mantenido reuniones con empresarios afines desde una sede operativa paralela a la del partido.

La querella detalla que la supuesta red criminal contaba con una estructura piramidal dividida en cuatro niveles: la cúpula política (Escalón A), empresarios afines adjudicatarios de contratos (Escalón B), captadores de votos (Escalón C) y votantes captados (Escalón D). Esta red, según la documentación aportada, habría operado en Melilla de forma continuada desde, al menos, 2008, aunque el periodo objeto de la investigación se centra en los años 2019 a 2023.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estima que se habrían adjudicado al menos 291 contratos menores fraudulentos, por un valor total superior a los 6,1 millones de euros, desde consejerías como las de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana; Medio Ambiente; Infraestructuras y Deportes; Menor y Familia, y Hacienda. Muchas de estas contrataciones carecían de los informes preceptivos, se resolvían en 48 horas, o incluso se facturaban antes de realizar los trabajos.

Uno de los datos más destacados que recoge la querella es que el 21% del censo electoral de Melilla solicitó el voto por correo en 2023, frente a una media nacional inferior al 3%. De esas 11.475 solicitudes, se estima que unas 9.500 podrían haber sido objeto de compra. Vox subraya que se trata de una cifra "histórica" y denuncia que, en muchos casos, los votantes eran presionados, amenazados o incluso coaccionados para entregar su voto a favor de CpM.

El documento judicial también señala a otros exconsejeros y altos cargos como Dunia Almansouri, Mohamed Ahmed Al-Lal, Rachid Bussian, Hassan Mohatar, Fátima Mohamed Kaddur y Yonaida Sel-Lam, entre otros. Todos ellos habrían participado en adjudicaciones ilegales o colaborado en el desvío de fondos. Además, se citan varias empresas locales presuntamente constituidas ad hoc para obtener contratos, muchas de ellas gestionadas por familiares o personas próximas a los dirigentes de CpM.

En los informes policiales y judiciales que acompañan a la querella se recogen intervenciones telefónicas, mensajes de texto y declaraciones que apuntan al control férreo que ejercía Aberchán, incluso desde fuera de las instituciones. La UDEF lo identifica como ideólogo y jefe de la estructura, y subraya que ya fue condenado en el pasado por una trama de compra de votos por correo.

Entre las formas de pago se mencionan dinero en efectivo, alimentos y hasta borregos para la festividad del sacrificio. Los agentes calculan que se habrían pagado entre 100 y 150 euros por voto. También se apunta a que algunos de los captadores tenían antecedentes penales y actuaban en barrios vulnerables, donde ejercían una notable influencia.

Vox solicita que se investigue no solo la implicación de las personas físicas, sino también la responsabilidad penal del partido CpM como persona jurídica, al considerar que fue el principal beneficiario del supuesto entramado. Además, la querella pide medidas judiciales para impedir que se destruyan pruebas y para asegurar la responsabilidad civil derivada de los presuntos delitos.

Con esta acción judicial, Vox eleva al plano judicial una de las mayores denuncias de fraude electoral que se recuerdan en la ciudad autónoma. La investigación sigue abierta.