Vox presentó este pasado martes una proposición no de ley para la defensa de la unidad y la prosperidad de la Nación española en la que incluye reafirmar y garantizar la soberanía sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entre las propuestas que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado en la Comisión de Política Territorial, que finalmente no ha salido adelante, piden impulsar la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia de todas las comunidades. En este sentido, entre las primeras medidas que incluye la proposición no de ley de Vox se encuentra la de impulsar la ilegalización de todos aquellos partidos políticos que incumplan la Ley Orgánica 6/2022 de 27 de junio de partidos políticos; y en todo caso, de aquellos que en sus estatutos programas o declaraciones tengan por fines declarados quebrar la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta o perseguir la separación de una parte del territorio nacional. Con lo que respecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el diputado nacional de Vox, Jorge Campos, quien ha sido el encargado de defender dicha proposición, ha pedido “adoptar las medidas necesarias” para reafirmar y garantizar la soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y, por otro lado, exigir la devolución de Gibraltar “y el final de su intolerable situación colonial” que “pone los pelos de punta a pensar qué puede estar organizando Sánchez con Gibraltar”. Por otro lado, el grupo ha remarcado como “necesario” impulsar la “devolución inmediata” al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia. En el marco de la esfera internacional, Campos ha insistido en promover una auténtica política de Estado en materia de relaciones internacionales que “refuerce nuestra posición en el exterior, nuestro prestigio internacional y nuestros intereses como nación”. En definitiva, según las medidas presentadas en la proposición, Vox pretende “recuperar la normalidad” democrática, la independencia y la neutralidad institucional como “medidas que necesita España para pervivir como nación”.