Vox se posiciona en contra de la imposición del coche eléctrico en Melilla

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes la legislación que pone fecha de caducidad a los coches de combustión para el año 2035. "Este objetivo pone a este Gobierno socialcomunista en una situación muy difícil debido a la ineficacia, falta de previsión y empache de agenda globalista. No son pocos los que ya están poniendo en duda esta alocada y precipitada medida que no es más que un perjuicio a la clase trabajadora, que no puede permitirse el lujo de comprarse un vehículo de lo más ecologista”, asevera el secretario de Vox Melilla, Javier Diego.

"Ya no es sólo cuestión del exagerado precio para adquirir lo que más tarde o temprano nos impondrán, sino que los fabricantes de vehículos están empezando a dudar de la viabilidad del coche eléctrico”, recalca Diego, para añadir que esta precipitada transición ideológica de un sistema a otro, al final, pondrá a cada uno en su sitio”.

Melilla no está preparada, ni lo estará de aquí al 2035, para cumplir las expectativas impuestas por Europa/España, puesto que por una lado “no tenemos la infraestructura privada ni pública necesaria como para soportar el enganche de un parque automovilístico de vehículos eléctricos, la central eléctrica no está preparada para soportar el aumento de demanda de energía, además de los impedimentos burocráticos para conseguir instalar un cargador público de coches eléctricos que ronda cerca de los dos años”, señala el partido.

Y, por otro lado, por su carácter prematuro, “se pone en peligro nuestra potente industria automovilística que ocupa el segundo lugar de producción de Europa y que representa el 10% del PIB español”, apostilla Diego. Sin olvidar que fabricar un coche eléctrico emite más gases de efecto invernadero que producir un coche de gasolina o diésel y que los mayores responsables de la contaminación del planeta, China, India y Rusia no participan de esta precipitada tesis climática.

Desde Vox Melilla quieren “dejar bien claro" que rechazan cualquier restricción que limite la libertad y movilidad de los españoles, y “más siendo mediante esta imposición climática que obliga y perjudica a la mayoría de los ciudadanos”, sentencia Javier Diego.