La formación política Vox Melilla llevará a la Asamblea los contratos de la organización de los espectáculos taurinos para la Feria, de cara al próximo pleno de control al Gobierno.
El presidente del partido en nuestra ciudad, José Miguel Tasende, ha hecho referencia a los dos apercibimientos que desde la Asociación Española de Promotores de Espectáculos Taurinos (AEPET) se han realizado a la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor. En estos se requería la anulación inmediata del procedimiento de contratación iniciado para la adjudicación del contrato de concesión del servicio de organización de festejos taurinos en Melilla.
Desde AEPET denunciaron que el procedimiento se ha negociado sin publicidad, incumpliendo así los requisitos legalmente establecidos en la normativa de la contratación pública del Estado.
Tasende habló de la importancia de los hechos denunciados, recordando que AEPET tiene una gran valía, siendo esta una asociación que se dedica a los contratos de fiestas taurinas en España.
Pese a no incidir demasiado al respecto, el diputado lamentó otra polémica relativa a los contratos menores en la Ciudad Autónoma. Además, aseguró que cuestiones de este tipo generan una "mala imagen" de Melilla en el plano nacional, afectando a la economía de la ciudad.
"Eso tan cacareado de Melilla, destino de inversión: a lo mejor resulta que Melilla se aprecia en el resto de España como una ciudad donde la contratación es caprichosa".
Por ello, Tasende anunció que Vox Melilla llevará esta cuestión al próximo pleno.
"Hay que aclarar estas cosas por el bien de todos. Estamos a tiempo de rectificarlo".
Desde AEPET denunciaron en ambos apercibimientos la inminente adjudicación de un contrato público "a dedo" para la organización de los espectáculos taurinos de la Feria. Esto se debe a, según afirmaron, la existencia de una relación de amistad entre ciertos cargos del Gobierno local con el representante legal de la empresa de producción de espectáculos culturales, Loyjor S.L.
Para AEPET, esta adjudicación se está llevando a cabo presuntamente mediante una modalidad de contratación en la que se limita la concurrencia y la publicidad.
Por ello, en AEPET anuncian que de no abortar este procedimiento, interpondrán una querella criminal contra los responsables de los hechos por un presunto delito de prevaricación administrativa y un delito de tráfico de influencias. Este último delito, castigado con hasta 2 años de prisión y 9 de inhabilitación.
Asimismo, anunciaron que pondrán este caso en conocimiento del sindicato Manos Limpias.
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