El grupo parlamentario de Vox cree que puede haber "responsabilidad penal" en la gestión de contratos por parte del anterior Gobierno y, en consecuencia, ha pedido al Ejecutivo de Imbroda que pida la intervención de la Fiscalía para que determine si hay o no ilícito penal en la continuidad de empresas prestando servicio sin contratación ni soporte administrativo alguno. El portavoz en la Asamblea, José Miguel Tasende, se refería así al impago de las facturas a Arquisocial por la gestión del centro de menores de La Purísima, la Fundación Diagrama, que trabajó en el Centro de Reforma, y Sacyr con las redes de agua.
El diputado local José Miguel Tasende preguntó en el Pleno de la Asamblea al Gobierno sobre los contratos firmados por el anterior Ejecutivo durante sus cuatro años de Legislatura ya que entiende que los ciudadanos melillenses no deben de pagar la “mala gestión” de la anterior Administración.
Durante los puntos celebrados en la sesión extraordinaria donde se han aprobado por unanimidad los suplementos de crédito financiado con remanente de tesorería para pagar las deudas generadas en los contratos para la Fundación Diagrama y el centro de menores de La Purísima, entre otros, el portavoz ha definido la situación como “el gran marrón entre una plaga de marrones no pequeños” con respecto a la gestión de consejeros del anterior Ejecutivo local.
“Ha quedado acreditado en esta reunión plenaria que los colores de CpM y Psoe ya no son el verde y el rojo sino el marrón”, destacó Tasende.
Además, ha reiterado que la mala gestión del anterior Gobierno local “la pagaremos los melillenses” y por ello entiende que deben depurarse responsabilidades políticas por la “mala gestión”. Es más, entiende que incluso pudiera derivar hacia una responsabilidad penal “que deberá esclarecer la fiscalía, a quién se debería poner en conocimiento y mandar un expediente” para informar sobre la situación de los contratos realizados anteriormente.
“Yo me pregunto y le pregunto al consejero si se va a hacer un informe con todo esto y enviarlo a la Fiscalía para que determine si puede haber o no puede haber un ilícito penal en todo esto. Si después de lo visto va a resultar que a los melillenses solo tienen derecho a votar y no tienen derecho a reclamar justicia va a resultar que los desastres económicos de cuatro malos políticos o tres malos políticos los tienen que pagar los ciudadanos”, resaltó José Miguel Tasende.
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