A día de hoy, el escepticismo no es algo que se salga de la normalidad en Venezuela, tras intensas horas de inquietud electoral. Y es que las recientes Elecciones Presidenciales celebradas, han dejado a la nación sumergida en el desconcierto: en medio de un escenario de optimismo contenido, el anuncio de Nicolás Maduro Moros (1961-62 años) como ganador ha dado pie a fuertes disputas.
El Presidente venezolano se autoproclamó vencedor mientras bailoteaba ante sus incondicionales, expresando literalmente que “no pudieron con las amenazas y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”. No obstante, la oposición ha condenado la estafa de modo irrevocable. Primero, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia (1949-74 años) ha declarado que “se han violado todas las normas de manera que aún no se han hecho públicas todas las actas”. Y segundo, la líder opositora, María Corina Machado Parisca (1967-56 años), ha pedido a los integrantes de las Fuerzas Armadas a “hacer cumplir la voluntad del pueblo”. Con el transcurrir de las horas el entorno se ha vuelto más crítico.
Dicho esto, podría decirse que en las elecciones venezolanas existen dos crónicas anunciadas. Por un lado, el chavismo avala que Maduro las ha ganado con el 51,2% de los votos, relato que defiende el Centro Nacional Electoral (CNE). Y, por otro, la oposición censura la falta de trasluz en la tabulación de los votos y no reconoce la derrota. Y en base a lo anterior, la Comunidad Internacional no ha tardado en incluirse a la segunda tendencia, mientras que Maduro se aferra a su tercer mandato.
El líder de la oposición, Edmundo, tildó que la mayoría de las actas no habían sido facilitadas tras el cierre de las urnas. En cambio, el CNE divulgó a bombo y platillo el triunfo de Maduro tras haber computado aparentemente el 80% de las actas, pero la oposición afirmó que el CNE únicamente le había presentado el 40% de éstas y que a su vez, habían dejado de imprimirlas y transmitirlas.
En otras palabras: en un marco irresoluto en el que las autoridades electorales han sido medianamente razonables, el CNE anunció ganador a Maduro con aún el 20% de las actas por comprobar. Para ser más preciso en lo fundamentado, tanto el hijo de Maduro como el director de campaña le otorgaron la victoria antes de que las urnas cerrasen. “No podemos dar resultados, pero puedo mostrar caras”, indicó el director mientras reía. En paralelo punteaba el primogénito de Maduro: “Las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña”.
De este modo, con los indicios de adulteración, las explicaciones no son absolutas, ya que pueden originarse al mismo tiempo y se abren permisibles situaciones excepcionales en Venezuela. Para la oposición las elecciones no han finalizado tras la notificación fuera de tono del CNE. De hecho, Machado respondió que conservaría a su equipo “en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas”.
Y ante esto, numerosos analistas políticos intuyen una etapa de larga data con fuertes protestas ante el despecho popular. El punto se encuentra en si el Gobierno está por la labor de arrogarse el alto precio de una mayor represión. O lo que es lo mismo, si contraerá el costo de llevar a la cárcel a aquellos que determinen no aceptar los resultados. En tanto, la oposición entiende que ha ganado las elecciones, apoyándose en los resultados del 40% de las actas que dicen tener en su poder. “Ganamos y todo el mundo lo sabe”, reseñó Machado. “Esto no es un fraude, es desconocer y violar la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan justificar eso. No con la información que tenemos”.
Tal es así, que tanto Estados Unidos como Brasil, España, Chile y otros actores, ponen contra las cuerdas el triunfo de Maduro. Ejemplo de ello es el Presidente de Chile, Gabriel Boric Font (1986-38 años), siendo uno de los más tajantes en sus palabras tras la divulgación de los resultados: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La Comunidad Internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno, de cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.
En la misma sintonía, Estados Unidos convino con Venezuela la celebración de unas elecciones democráticas, a cambio de levantar sanciones a Caracas y de la puesta en libertad de algunos reclusos. El Secretario de Estado, Antony John Blinken (1962-62 años), ha declarado que tiene “serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano”.
Con estas connotaciones preliminares, la República Bolivariana de Venezuela, antes un estado floreciente a sus ideales y actualmente contrastado por años de decadencia económica y represión política, celebraba el pasado 28/VII/2024 Elecciones Presidenciales, en las que Maduro, retratado a nivel internacional como un dictador, perseguía empecinadamente su tercer mandato.
Recuérdese al respecto, que este país debe su nombre a la estampa nacional de Simón Bolívar (1783-1830), denominado “El Libertador”, por su protagonismo en apoyar a las antiguas colonias hispanas en América del Sur y así conseguir la Independencia. Bolívar, infundió a Hugo Chávez Frías (1954-2013), un aliado próximo del líder cubano Fidel Castro Ruz (1926-2016), quien rigió la nación desde 1999 hasta su fallecimiento. Durante su dirección empleó el caudal petrolero para sacar a millones de individuos de la miseria. Pero, su sucesor, es catalogado como un déspota y opresor.
A resultas de todo ello, Maduro encabezó un síncope económico sin precedentes, inducido en parte por un desplome de los costos del petróleo y las sanciones norteamericanas asignadas en réplica a su capítulo represor de cara a la oposición. Su reelección en 2018, se objetó como inconstitucional por numerosos estados europeos e hispanoamericanos. En su pugna por obtener respeto como legítimo sucesor de Chávez, Maduro conquistó su primera elección con un margen bastante estrecho.
“El Presidente venezolano se autoproclamó vencedor mientras bailoteaba ante sus incondicionales, expresando literalmente que no pudieron con las amenazas y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”
Desde entonces, se las ingenió para conseguir ir esquivando una crisis tras otra, presidiendo de modo intransigente y afianzando su supremacía, mientras el coexistir diario del venezolano se volvía cada vez más adverso. Posteriormente, millones de ciudadanos abandonaron su patria ante una espantosa crisis económica acentuada por una inflación fulminante y una penuria crítica. Toda vez, que el lustre petrolero naufragaba como derivación del declive en los precios globales del crudo.
Por ende, las mínimas expectativas de un regreso a la democracia en estas elecciones se disiparon, después de que impidiera a su principal contrincante presentarse como candidato, culpándolo de corrupción. Imputaciones que han sido ampliamente rechazadas como inexistentes. “¡No volverán más nunca!”, reitera el mandatario con asiduidad en relación a la ultraderecha, en la que sitúa a todos los opositores y los deshonra de servidores del “imperio estadounidense”.
Además, Venezuela es frecuentemente enumerada como uno de los estados más peligrosos, aunque el país ya no es observado como la sociedad cruel e impía que a criterios de algunos la encasillaba. Hace algunos años, el Gobierno lanzó una incursión contra las pandillas que tramaban como pez en el agua en las barriadas marginales y las penitenciarías. En atención al Observatorio Penitenciario de Venezuela, la cantidad de defunciones violentas descendió en poco más o menos, una cuarta parte. Pero los especialistas creen estar en la razón que las bandas criminales crecen exponencialmente y persisten en su empeño de cristalizar las extorsiones.
De manera sucinta, es preciso hacer mención a variables intervinientes como el derrumbe del petróleo, las sanciones internacionales, la represión constatada y el éxodo imparable en su devenir. En el último curso del siglo XIX se produjeron los primeros hallazgos de crudo en Venezuela. Y es a partir de 1920, cuando el petróleo se erige en el principal producto de exportación y principal fuente del presupuesto nacional, punta de lanza de la economía venezolana. Digamos, que directa o indirectamente, todo lo demás estribaba del dinamismo petrolero. Más adelante, se nacionaliza la industria de los hidrocarburos y se implanta el holding estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ni que decir tiene, que la inmensa mayoría de las acciones de infraestructura se financiaron gracias a los ingresos petroleros. De acuerdo con los expertos, esta realidad vira sustancialmente con la recalada de Chávez. A la corrupción que ya viciaba una parte importante de PDVSA, se le añade un pésimo procedimiento y fallos debatibles. La más rimbombante transcurriría entre los años 2003-2004, respectivamente, con el desahucio de 20.000 obreros, la amplia mayoría profesionales de excelente cualificación, tras una huelga de la industria que prácticamente detuvo al estado.
Desde ahí se vendría abajo en cascada no solo la producción, que es lo más indiscutible, sino igualmente, el sostenimiento de las instalaciones. Aunque la producción continuó escalando hasta 2008 con un pico de 3,5 millones de barriles diarios, a posteriori, se desmoronó hasta los 400.000 barriles, lo que reportaría a una crisis económica de gran calado. Pero el escollo se ahondó si cabe, a partir de 2018, con el plantel de sanciones a la industria por parte de Estados Unidos, que omitió la reelección de Maduro por reconocerla engañosa. Las tiranteces sobre el suministro que indujo el conflicto bélico de Ucrania y luego el entresijo en Oriente Medio, reportaron a Washington disminuir la imposición sobre Venezuela, pese a que perduró inalterable el discurso sobre el menester de una mutación democrática. Si bien, en las postrimerías de 2023 y tras un ajuste entre el Gobierno y la oposición para llevar a término las Elecciones Presidenciales en 2024, Estados Unidos aplacó las sanciones.
Más tarde, la restableció cuando el Consejo Electoral descartó la invitación convenida a los observadores de la Unión Europea (UE). Con todo, permitió preferencias bajo la fórmula de licencias para las empresas petroleras Chevron Corporation y Maurel, o la multinacional energética y petroquímica Repsol.
En este contexto de tierras movedizas, Venezuela ha buscado otros aliados a los que asirse como la República Popular China, la Federación de Rusia o la República Islámica de Irán, priorizando la propulsión de su producción petrolera que se aproxima al millón de barriles diarios, pero demanda de más inversiones para un espacio superior.
Lo cierto es, que con unos 300.000 millones de barriles, Venezuela atesora las mayores reservas de hidrocarburos. Por lo demás, disfruta de dos cuencas principales: la tradicional de los estados Falcón y Zulia, de petróleo liviano y la franja petrolífera del Orinoco, de crudo pesado y extrapesado.
Ahora bien, como Presidente de la República, Maduro ha debido de encarar un sinfín de intimidaciones inexistentes y reales, incluido un malogrado acometimiento con drones cargados de explosivos en 2018 que causó lesiones a varios soldados. Los activistas manifiestan que su Gobierno ha reprimido sin contemplaciones los reproches contra su régimen despiadado y la estrechez económica, que decayó cuando su administración simbólicamente socialista se vio forzada a descabezar el gasto social. Ello le llevó a centrarse en robustecer la inspección sobre la cúpula militar, el poder judicial, el legislativo y los organismos estatales.
Obviamente, Venezuela se ha visto favorecida por los nexos políticos y económicos habidos con China, Rusia y otros figurantes autocráticos que han arrimado el hombro en la complicidad para al menos sostenerla a flote. Y para despistar el mea culpa, Maduro alimentó las cábalas conspirativas antiamericanas de Chávez, cargando a diestro y siniestro contra Estados Unidos de confabularse para acabar con él y los estados europeos de quebrar la economía que a su criterio, era prolífica.
Asimismo, se atribuye a Maduro de obstruir prácticamente la totalidad de los canales para quienes buscan otras vías o espacios de legitimidad política, recluyendo a disidentes y adversarios sin valorar el proceso conveniente. Su principal rival, Machado, venció las Elecciones Primarias de la oposición, pero ha sido inhabilitada para desempeñar deberes públicos debido a cargos que consideran falaces.
Por otro lado, Venezuela se encuentra en el punto de mira por quebrantamientos de derechos por la Corte Penal Internacional (CPI). Maduro es ducho en monopolizar los medios estatales para hacer circular su recado siempre oportuno y ha pretendido conquistar la estima de un conjunto poblacional que aguanta lo indecible.
Por último, con escasa diferencia, uno de cada cuatro venezolanos, o séase, unos siete millones de individuos, abandonaron la nación para escabullirse del trance económico y político. Un número considerable ha optado por trasladarse a otros territorios de América Latina y del Caribe, pero algunos han puesto en peligro sus vidas en una difusa y aventurada travesía a través de América Central y México para alcanzar Estados Unidos. En contraste, otros han elegido en su marcha el Viejo Continente o Asia.
Llegados a este punto, la Ley Orgánica del sufragio y la colaboración política en Venezuela, señala diversos motivos que pueden acarrear la invalidación de un proceso electoral, lo que engloba aspectos como la coacción, el fraude y la violencia. La oposición no ha titubeado ni un instante en sacar a la luz las anomalías confirmadas, como la ralentización de los centros de votación y la exclusión de presentes opositores. Lo que todavía empeora más la clarividencia de un sumario electoral indebido.
En nuestros días, el trazado de los acontecimiento en Venezuela continúa siendo abrumador y volátil. Y la imagen viral ha condimentado un revestimiento más de perplejidad a unas elecciones ennegrecidas. Mientras Maduro festeja su éxito, la oposición y parte de la Comunidad Internacional reclaman luminosidad en la verdad y justicia en un causa llamada a decidir el futuro del país.
Dicho lo cual, muchos se preguntan cuál sería la manera de contrastar las acusaciones emitidas de hipotético fraude y los organismos de observación electoral se inclinan por la exploración de las actas de votación. Lo más adecuado residiría en disponer del 100% de las actas firmadas por observadores internacionales, cuestión que transige la trazabilidad del acta. Es decir, confirmar que no ha sido simulada o manejada con la falsificación. Así, numerosas organizaciones han publicado un comunicado en el que solicitan sin parangón, los documentos para registrar legítimamente los resultados de las elecciones.
Más allá de las pruebas ostensibles, resulta complejo garantizar nada en Venezuela. La cruzada de información persistente entre el oficialismo y la oposición sigue imperando a diario y lo estuvo en la jornada de las elecciones, cuando la oposición mostró un conteo análogo al dado por el CNE por medio de empresas y consultoras privadas.
“Venezuela se encuentra en el punto de mira por quebrantamientos de derechos por la Corte Penal Internacional (CPI)”
Tal es así, que Tarek William Saab (1962-61 años), Fiscal General de Venezuela, indicó que cualquier detalle divulgado por fuentes no oficiales sobre los resultados, incidiría en una infracción. Con ello enviaba un claro dardo a la oposición. Pero ésta declara que es un procedimiento inexcusable, porque el escrutinio oficial no es fiable. Uno de los indicativos preferentes de este signo fraudulento y que origina susceptibilidad, es la transmisión de los resultados en este imaginario carácter inalterable con el 80% de las actas escrutadas.
En consecuencia, Venezuela franquea una de las etapas más angustiosas en cuanto a los derechos humanos. Los representantes que han desplegado el poder desde al menos, 2014 hasta hoy, han perpetrado graves y masivas violaciones de los derechos humanos, incluyéndose posibles crímenes de lesa humanidad. Ello ha reportado al país a una emergencia humanitaria fragosa, hasta forzar a más del 25% de la población a huir y dejar atrás familias y hogares. Curiosamente, en este entorno de represión y búsqueda de una vida digna, se decide la elección presidencial.
Los meses anteriores a estas elecciones han estado acentuados por agresiones crónicas al contorno cívico, con decenas de arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, persecución, desquites a vendedores y colectores de servicios a sujetos de la oposición, y fórmulas administrativas inicuas e inmoderadas.
En una trama de fuerzas concéntricas sustentadas con arengas amenazantes, censura total y caza, es urgente demandar a los agentes que avalen y respeten de manera irrefutable los derechos de todas las personas en Venezuela, durante y después del 28/VII/2024.
Es por lo que con las voces más categóricas factibles, se hace un llamamiento a que se pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por causas políticas. Así como que no se practiquen nuevas detenciones improcedentes, desapariciones forzadas y episodios de tortura. Indicadores incuestionables de una política de represión en nivel superlativo, contra quienes piensan diferentes y salvaguardan los derechos humanos.
Conjuntamente, en este escenario de escalada de la represión como la que se vive en Venezuela, las pesquisas en curso por la Fiscalía de la CPI tendría competencia para investigar a los ejecutores de detenciones encubiertas, tortura, violencia sustentada en género y acorralamiento consumado en el círculo electoral. Cada una de las autoridades encargadas de estos atropellos, incluida la cadena de mando, podrán y deberán ser expuestos ante tribunales de justicia independientes e imparciales con las garantías del debido proceso.
Y al hilo de lo expuesto, la Comunidad Internacional ha de mantener un compromiso absoluto con los individuos valedores de los derechos humanos que contra corriente, conforman un trabajo descomunal por el amparo de las personas en estado de inseguridad y en apoyo de las víctimas, allegados y tutores de los derechos humanos para lograr reparación, verdad y justicia por los abusos cometidos.
La represión o persecución política en Venezuela ha sido tan vetusta como la misma efectividad de la República hacia sus conciudadanos. Siendo trasegada por medio de invalidaciones políticas, ostracismos, detenciones, desapariciones forzadas, tortura y crímenes a opositores. Algunos regímenes del espectro mundial han afianzado su poder con la censura a los medios, como también se les acusa de estar envueltos en fines para alterar administraciones de otros estados, con asaltos militares o financiamiento ilícito a guerrillas.
Años después, he aquí el legado de Maduro por un tiempo en su prolongación que todavía está por determinar: colapso económico, represión, sanciones, crimen y éxodo. O lo es igual: la rabia ciudadana se expande por diversos puntos neurálgicos de Venezuela, ante el recelo de fraude en el recuento de los votos que facilita su senda hacia la reelección para un tercer mandato. En tanto, se produce un torrente de respuestas internacionales que fluctúan entre la postulación de referencias verificables, el respaldo, la moderación y el desapruebo frontal.
En las últimas horas las manifestaciones instintivas se colman de críticas contra el saldo de los votos, a lo que Maduro considera una nueva tentativa de golpe de Estado con el que se reimprime “una especie de Guaidó 2.0”, en correlación a la autoproclamación del opositor Juan Guaidó Márquez (1983-41 años). “Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario”, asentía el mandatario en su elocuencia después de que el CNE lo anunciase como el Presidente elegido. Y sobre las muestras de frustración que por doquier se multiplican, ha apuntado al pie de la letra que “hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela, pero les digo a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana, que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación”.
Este es el claroscuro con fuertes contrastes escépticos entre lo que se ambiciona iluminar mordazmente y, a su vez, ensombrecer en la maquinación que descuella en la República Bolivariana de Venezuela, en el que es fundamental apuntalar la total transparencia del proceso electoral, comprendiendo el conteo escrupuloso de los votos y el acceso a las actas de votación, que en definitiva dignifique la legitimidad de las papeletas en la que se emite el respeto de la voluntad del pueblo venezolano.
