Vigilantes de seguridad de la Ciudad Autónoma piden al Gobierno que rescinda el contrato a la empresa Sureste

El Comité de Empresa de Sureste Seguridad SLU ha solicitado la rescisión del contrato que posee con la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) debido a los “sistemáticos incumplimientos que presenta”, hecho que también ha denunciado ante la Consejería de Hacienda, la de Presidencia y la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, y por el cual se ha reservado el derecho a plantear un contencioso administrativo.

Según el Comité de Empresa, Sureste Seguridad -adjudicataria del mayor acuerdo de vigilancia de seguridad privada en las dependencias municipales de la urbe- lleva incumpliendo el pliego de condiciones desde noviembre de 2021 y la CAM no ha hecho nada por subsanarlo, como no sea “advertirle de las irregularidades que está cometiendo”.

En una nota de prensa, el comité argumenta que la compañía debería haber pagado desde ese mes una bonificación a la Seguridad Social a sus vigilantes, puesto que así se estableció en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Pero el problema no queda ahí. En el contrato de urgencias del propio mes de noviembre se dispuso que debían llevarse a cabo 50 horas de formación para cada trabajador, las cuales se impartirían entre esa fecha y abril de 2022. No obstante, ningún empleado ha recibido preparación en ese sentido.

Por su parte, la comisión afirma que la CAM posee un departamento que tiene el fin de controlar el cumplimiento de los pactos en toda su integridad y por tal motivo “no entiende por qué esta empresa puede saltarse” lo que ella misma ofreció, algo que le sirvió para conseguir puntos ante otras entidades en su objetivo de agenciarse la concesión del acuerdo.

A inicios de este año, el Partido Popular habló púbicamente sobre la existencia de irregularidades en el pacto de seguridad de la urbe porque “no se podía entender de ninguna manera cómo la Ciudad Autónoma, con un contrato en vigor, realizó un procedimiento negociado sin publicidad, con la misma empresa, para abonarle 60.000 euros más mensuales”.

Tres meses más tarde, el Tribunal de Cuentas sentenció que a partir de la denuncia presentada por el PP no veía causa para empezar un expediente.