Las elecciones locales, autonómicas también en el caso de Melilla, siempre son las que concitan mayor tensión. Todos lo sabemos. Sin embargo, la convocatoria en curso para las del próximo día 26, ha entrado en un torbellino conflictivo que aconseja algo de mesura y paciencia, entre tanto resuelve el juzgado de lo contencioso administrativo y, finalmente, se aclara si CpM y Ahora Melilla podrán o no presentarse a los próximos comicios.
Tanto el partido que preside Mustafa Aberchán como la Agrupación de Electores que encabeza Yusef Mimón Mohamed, han presentado sendos recursos contra el acuerdo de proclamación de candidaturas de la Junta Electoral de Melilla que, inicialmente, les ha dejado fuera del 26M.
El Juzgado competente cuenta con dos días para pronunciarse y, tras hacerlo, si no satisface la pretensión de los recurrentes, que lógicamente es que sus candidaturas resulten admitidas, se abre un nuevo plazo de dos días para acudir mediante recurso de amparo al Tribunal Constitucional que, a su vez, cuenta con tres días máximo para dictaminar.
Por tanto, intervenga o no finalmente el máximo tribunal, todo quedará resuelto antes de que se inicie, el próximo día 10, la nueva campaña electoral.
Llegados a este punto, lo conveniente sería dejar actuar a la Justicia y bajar el diapasón de los enfrentamientos verbales en estos previos demasiado salpicados ya de conflictos.
Los vídeos que vienen circulando desde el final de la pasada campaña también se encuentran denunciados y en manos de las autoridades judiciales. Y sin que ello nos impida opinar sobre los mismos, lo que no deben servir en ningún caso es para avivar aún más un enfrentamiento entre comunidades como el que ya están desatando.
Me refiero en concreto al ‘video trampa’ de CpM contra el PP en torno a supuestas compras del voto por correo, y también a los vídeos incendiarios en los que una candidata de CpM pedía, para las Generales, que no se votase a los cristianos porque iban a cerrar las mezquitas, o al difundido por un militante y apoderado de Coalición por Melilla, profiriendo improperios y gruesos insultos contra los melillenses de origen amazigh y religión musulmana que militan o votan al Partido Popular.
Tanto el llamado ‘video trampa’ como los restantes admiten distintas reflexiones. El primero, en el que se involucra al hijo del presidente Imbroda en una supuesta compra de sufragios mediante una nueva operación voto por correo, se presta a muchas interpretaciones que no dejan en buen lugar al PP. No obstante, también es verdad que quien actúa como inductor del delito y se ofrece a recabar votos por correo para los populares, mientras graba subrepticiamente y traslada lo grabado a CpM, no recibe en ningún momento contrapartida alguna. Más bien desde el PP se le presta oídos, lo que sin ser éticamente admisible dudo de hasta qué punto puede resultar delictivo. En todo caso, lo evidente es que, dados los antecedentes por todos conocidos, las condenas iniciales de Aberchán y del exidirigente socialista Dionisio Muñoz por compra masiva de votos, vía sufragio postal, en 2008, así como otras prácticas denunciadas y aún no resueltas judicialmente, lo aconsejable sería un cambio legal que obligase a quien opta al voto por correo, no sólo a solicitarlo personalmente, como ya requiere la ley vigente, sino también a entregarlo en persona en las oficinas postales. De este modo, se acabaría de una vez con los trapicheos que en nada contribuyen a la necesaria salud democrática y que tanto emponzoñan los procesos electorales en nuestra ciudad.
Por otra parte, los vídeos incitando al odio resultan especialmente condenables y exigen de un rechazo general que, hasta ahora, no se ha producido, evidenciando el partidismo que guía a nuestra clase política en detrimento del cierre de filas que debería anteponerse en defensa de nuestros principios constitucionales fundamentales. De hecho, sólo el PP, principal perjudicado, los ha denunciado y rechazado, mientras que el resto de partidos calla o, como CpM, los obvia públicamente aunque, en privado, vía Whatsapp, su presidente Aberchán conmine a retirarlos de las redes sociales por temor a que puedan favorecer electoralmente a los populares.
Total que el partidismo prevalece sobre la obligada denuncia de cualquier atisbo de delito de incitación al odio como el que claramente se infiere de los aludidos vídeos.
Demasiado conflicto para una ciudad que sólo en su convivencia pacífica afianza su presente y puede construir su futuro.
Empecemos, por tanto, a variar el mensaje y dejemos actuar a la Justicia que, de entrada, se enfrenta a un serio problema creado por la torpeza e insolvencia de los cepemistas a la hora de confeccionar y subsanar los errores de su candidatura. Basta con leer su recurso contra la resolución de la JEZ para concluir que, sencillamente, desconocen la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y que, a partir de ahí, todo les sirve para echar culpas a terceros. Pero esto, corresponde valorarlo al Juzgado de lo Contencioso que sólo conforme a la ley debe pronunciarse.
Mi próxima cita con ustedes es ya el próximo lunes. Para entonces sabremos más del devenir de este enredo con toque de feo culebrón que, creo, los melillenses no nos merecemos.
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