“Este Gobierno no se dedica a perseguir a nadie”. Con estas palabras respondió ayer la consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, al PSOE de Melilla, que le había pedido responsabilidades políticas por haber actuado contra el empresario local Enrique Remartínez Escobar.
Velázquez apuntó que no tiene interés en multar a nadie y que en ese caso se actuó tras una denuncia. Recordó que se le abrió a la clínica de Remartínez un expediente en Fomento y otro en Presidencia y Salud Pública.
Críticas de Moga
Hay que recordar que el secretario ejecutivo del PSOE de Melilla, Fidel Moga, había asegurado el jueves que un fallo judicial del pasado julio declaró nulo el procedimiento de cierre de esta clínica sanitaria.
“No tiene ni idea de lo que dice”, arremetió la consejera contra el socialista. De esta manera, Velázquez afirmó ayer que a pesar de que la sentencia no da la razón a la Ciudad en las formas, sí lo hace “en el fondo” porque se concluye que el sótano de la clínica no puede ser utilizado para uso público.
Según Velázquez, la sentencia no dio la razón al Gobierno local porque no correspondía a Presidencia la apertura de ese expediente y explicó que la Ciudad ha trasladado este caso a la Consejería de Fomento.
No se ha recurrido
Como prueba de que no ha habido intención de perseguir a nadie, la consejera detalló que la sentencia se ha acatado y ni siquiera fue recurrida.
Velázquez concretó que no conoce personalmente a este empresario. Aseguró que la Ciudad no va a entrar en “disputas familiares” y acusó a los socialistas de haberlo hecho, posicionándose a favor de una de las dos partes.
En cuanto a las críticas del PSOE en relación con la adjudicación por parte de la Ciudad a la Clínica Rusadir del programa de detección del cáncer de colon, Velázquez apuntó que en otras comunidades también se externalizan este tipo de servicios y señaló, además, que esto va a permitir que esta campaña llegue al 100% de los melillenses. Si lo llevase a cabo el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), indicó la consejera, solo se alcanzaría al 70% de la ciudadanía porque el resto es de mutuas.
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