Velázquez critica el traspaso de 70.000€ de la cuenta del campo de golf a un fondo de inversiones

El líder de Populares en Libertad (PPL) exige al Gobierno local que se persone en la investigación judicial para defender “el dinero público”.

El presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, instó ayer al Gobierno de la Ciudad a que se persone en la investigación judicial abierta sobre el campo de golf para defender “el dinero público”, que no es más que defender, sostuvo, “los intereses de los melillenses”. Sobre la investigación y del auto judicial que cita a declarar en calidad de imputados a 17 personas, entre ellas, miembros del Gobierno local y funcionarios de la Ciudad, Velázquez destacó el traspaso de 70.000 euros de la cuenta bancaria del campo de golf a un fondo de inversiones. Velázquez dijo desconocer a quién pertenece ese fondo, pero apuntó que este tipo de inversiones se hacen a un particular. También señaló la disparidad de cifras que la Guardia Civil ha hallado en las justificaciones de ingresos del club del ejercicio 2012.
Para el presidente de PPL, estos dos datos son dos razones suficientes para que la Ciudad Autónoma se persone en la causa judicial, pues, de lo contrario, el propio presidente, Juan José Imbroda, “con su inacción y connivencia con el señor Bohórquez, se implica más de lo que debería”, consideró Velázquez.

“Diversidad de cifras”
De la justificación de los ingresos en la cuenta del campo de golf, explicó Velázquez, el principal responsable de la gestión entregó tres justificantes, según indicó el presidente de PPL, que están incluidos en la investigación judicial. “Dice el auto que el director del campo de golf ha justificado el dinero público con datos falseados”, recalcó Velázquez. Se refirió a tres documentos en los que, según dijo, por una parte se justifica “unos ingresos en la cuenta bancaria de 290.000 euros, otra que presenta ante la Ciudad Autónoma con unos ingresos de 220.000 euros y una tercera ante la asamblea del Club de 247.272 euros”.
En el mismo ejercicio, el correspondiente a 2012, señaló Velázquez, las cuentas del campo de golf “terminan con una deuda  de algo más de 1.400 euros y se justifica el gasto de la subvención pública con facturas, pero la Guardia Civil descubre que el 21 de septiembre se produce un traspaso de 70.000 euros de la cuenta del club a un fondo de inversiones”, recalcó Velázquez. El presidente de PPL asegura que de este traspaso no se da cuenta ni al club ni a la federación. Pero, además, en los primeros interrogatorios del juez a los imputados “ninguno” de éstos sabía de la existencia de ese traspaso, según dijo ayer Velázquez.
El líder de Populares en Libertad dijo creer que los delitos investigados en esta causa judicial son lo suficientemente “graves” como para que el Gobierno de la Ciudad “tome cartas en el asunto”. En este sentido, Velázquez dijo no entender por qué el Ejecutivo local sigue manteniendo a Bohórquez como director del campo de golf, aunque la gestión del club haya cesado.
El presidente de PPL señaló que además de los delitos que se investigan el auto judicial recoge “más irregularidades” relacionadas con cuestiones de incompatibilidades, la ejecución de obras sin la licencia preceptiva y la explotación de ciertas dependencias del campo de golf sin las autorizaciones correspondientes. “El juez valida la teoría de los errores administrativos, pero en estos tres últimos apartados el juez instructor dice que confirman la naturaleza dolosa de los presuntos delitos investigados”, indicó Velázquez, tales como prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
“El asunto es como para preocuparse, tomar cartas en el asunto y destituir a Bohórquez. Así, al Gobierno local no le pasará como ha ocurrido con el jefe de Industria porque se puede suspender en funciones a un empleado público implicado en un proceso penal”, señaló en relación a Ricardo Maldonado, condenado por el conocido ‘Caso del Fraude de la ITV’ y actualmente en prisión.

Operación Tosca
En otro orden de asuntos, pero relacionado con investigaciones judiciales, el presidente de PPL se refirió a la ‘Operación Tosca’. De esta causa destacó los correos electrónicos incluidos en la investigación, dijo Velázquez. “Uno apunta que miembros del Gobierno favorecían a Eulen en la adjudicación de contratos, no se sabe a cambio de qué, pero, por otra parte, se han encontrado listados de personas, con relaciones de parentesco con miembros del Ejecutivo local. La Guardia Civil ha encontrado otros correos en los que el Gobierno pide que se aumente el sueldo a trabajadores de Eulen con cierto parentesco con miembros del Gobierno. Esto es muy serio y con una alta responsabilidad política”, lamentó Velázquez.
Además, en esta misma investigación, señaló el líder de Populares en Libertad, “la Guardia Civil ve posibles sobrecostes en la facturación de contratos y el fraccionamiento de contratos públicos” relacionados con la Viceconsejería de Festejos respecto de eventos, como las cabalgatas de reyes y Carnaval, la Feria de Melilla, entre otros. “De todos estos contratos estudiados, se puede deducir que supuestamente afectarían a Francisco Díaz”, indicó Velázquez.

El programa electoral de PPL y la adjudicación del contrato marítimo

El presidente de Populares en Libertad, Ignacio Velázquez, invitó ayer a todos los melillenses a acudir el próximo jueves al acto convocado por el partido para la presentación del programa electoral con el que PPL concurrirá a las elecciones locales del 24 de mayo. Velázquez explicó que a partir de las 20:00 horas los salones del hotel Melilla Puerto se realizará la presentación oficial a la que pueden asistir los ciudadanos que así lo deseen.
Por otra parte, Velázquez dijo haberse sentido sorprendido por la adjudicación del contrato marítimo a la empresa Acciona Transmediterránea, pues esta naviera ha sido “la que peor ha tratado a los melillenses”. Además, dijo creer que esta adjudicación podría suponer la desaparición de la línea con Motril “por la nefasta gestión del Gobierno”. Por ello, Velázquez cree que el Ejecutivo de la Ciudad debe ahora negociar con las autoridades granadinas para que este enlace marítimo se mantenga.