Sociedad

Los vecinos afectados por el incendio del Real ya tienen abogada: solicitarán alojamiento a la Ciudad

Una de las residentes de este inmueble afirma que pudieron hablar con el arquitecto y que les dijo que es probable que puedan entrar el lunes en las viviendas para coger parte de sus cosas

Los vecinos que están afectados por el desalojo del edificio que se incendió en el Real ya han contactado con una abogada para que les asesore en los aspectos legales de la situación que viven actualmente. No saben muy bien cuáles son sus derechos como inquilinos de estas viviendas ni a qué tienen derecho ahora que no pueden residir en el interior de este inmueble.

Una de las melillenses afectadas por este suceso explicó a El Faro que durante el jueves y ayer mantuvieron una reunión con la abogada que han contratado. Quieren solicitar a la consejería de Bienestar Social un alojamiento alternativo a los hoteles porque están viendo que los días pasan y que el edificio está realmente afectado, por lo que no podrán volver en un tiempo a sus hogares.

Muchas de las familias afectadas están en una situación complicada porque son gente humilde que tiene unos ingresos limitados. Preguntaban a El Faro cómo iban a encontrar una nueva vivienda donde residir si para ello se necesita en muchas ocasiones hasta tres veces el valor de un mes de alquiler porque piden una fianza elevada para entrar en los pisos. De ahí que quieran explorar todas las opciones de residir de forma temporal en otras estancias mientras que encuentran esas otras casas.

Coalición por Melilla (CpM) propuso el jueves que se reubique a estos ciudadanos en viviendas de protección oficial hasta que regresen a sus pisos o encuentren otro lugar donde vivir.

Entrar a por sus cosas

Los vecinos indicaron que ayer pudieron hablar con el arquitecto que se está encargando de hacer la revisión de la estructura y la impresión que les dio es que el dueño va a tener que hacer reformas importantes, por lo que no van a poder regresar a sus viviendas en un largo periodo.

Eso sí, resaltaron que este experto les comentó que es probable que el lunes puedan entrar en las viviendas a coger algunas pertenencias, aunque no es seguro.

Comentaron que durante la mañana de ayer estuvieron en las cercanías del edificio viendo cómo siguen las labores de apuntalamiento del sótano.

No están siendo días fáciles para estas 18 familias. Viven con la incertidumbre sobre sus espaldas sin saber qué va a pasar con ellos y con el temor de acabar en la calle y además, sin sus enseres personales. Esperan que la Ciudad les siga echando una mano y no los deje abandonados.

Vecinos del Real ofrece un formulario anónimo para denunciar almacenes ilegales

La Asociación de Vecinos del Real ha publicado en las redes sociales que, con el fin de colaborar con las autoridades y para mejorar la seguridad de todos los residentes del barrio, ofrece un formulario que se puede rellenar fácilmente y de forma anónima para denunciar almacenes y garajes ilegales donde se guarden mercancías.

Es un formulario que se hace por Internet. Son seis preguntas y en ellas se pide la dirección donde está ese almacén, qué aspecto exterior tiene y qué tipo de mercancía cree que se guarda dentro. La asociación aclara que no hay ningún dato que se refleje en este documento del denunciante y que se entregarán todas estas aportaciones a la Ciudad para que controle dichos locales.

Quevedo: “Tenemos un grupo numeroso de personas que no acatan la orden de cierre”

El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, aseguró ayer que el lunes se reunirá, junto a la consejería de Seguridad Ciudadana, con los jueces y fiscales. “El objetivo es mejorar todo lo relativo al tema de las clausuras de almacenes y negocios que no cumplen con la legalidad.

Antes los propietarios acataban la orden de cierre y ahora, por desgracia, tenemos un grupo numeroso de personas que no cumplen esta orden y nos obliga a que se abran trámites con la Fiscalía”, aseveró Quevedo.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente ya anunció que se iba a reunir con la Fiscalía y con los jueces para erradicar los almacenes y negocios que no cuentan con los permisos porque siguen abiertos y las multas, como mucho son de 3.000 euros.

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