Opinión

Varapalo judicial a la restitución de la estatua de Franco en Melilla

El juez Fernando Germán Portillo, de la Audiencia Provincial de Málaga, ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Francisco Franco para restituir la estatua del caudillo en Melilla.

La decisión a la que ha tenido acceso El Faro, se hizo pública el 14 de abril (miércoles pasado), pero no es firme y puede recurrirse en un plazo máximo de 15 días.

El recurso se remonta al 15 de marzo pasado cuando la procuradora Concepción García Carriazo, en nombre de la Fundación Nacional Francisco Franco, interpuso un contencioso-administrativo contra el acuerdo alcanzado el 22 de febrero de 2021 por la Asamblea de Melilla para retirar la estatua del dictador de la entrada de la Estación Marítima. Como todos sabemos, el monumento, el penúltimo que quedaba en pie en España, fue retirado un día después.

En vistas de que la solicitud llegaba tarde, al haberse retirado la estatua de Franco el 23F, la Fundación Nacional que lleva el nombre del caudillo pedía, como medida cautelar, la “reposición y restablecimiento” del monumento hasta que se dé por finalizado el litigio en danza.

Como era de esperar, la Ciudad se opuso a la solicitud de cautelares, en un escrito fechado el 12 de abril.

Por su parte, el juez Germán Portillo ha defendido en el auto que en este caso la medida cautelar que cabría haber pedido habría sido la suspensión de la retirada de la estatua, pero la Administración “posiblemente espoleada por el impacto político de la decisión, ejecutó dicho acto al día siguiente de acordarlo, incluso antes de publicarse en el Boletín Oficial de la ciudad”.

Y a esto es a lo que se agarra la Fundación Francisco Franco que ve en las prisas de la Administración una vía de “eludir el control jurisdiccional de sus actos al darles eficacia antes de poder recurrirlos”.

Para el demandante, la Ciudad ha apostado por la vía de hecho consumado, y en esto fundamenta su solicitud de restitución de la estatua. También habla de “daños irreparables” que no fundamenta. Se limita a asegurar que si no se devuelve la estatua de Franco a su sitio, se da el visto bueno a las prisas de la Administración en ejecutar decisiones sin antes publicarlas en el BOME.

El juez defiende que no hay tal vía de hecho consumado, como dice la Fundación Francisco Franco, porque la retirada de la estatua se aprobó antes por mayoría en el seno de la Asamblea de Melilla.

“La ejecución administrativa, por tanto, lo fue de un acto administrativo previo y ajustado a él, que es precisamente lo que falta cuando hablamos de vía de hecho”, sentenció el magistrado.

Tampoco, en su opinión, es un acto “fraudulento” porque la estatua no se retiró una vez se impugnó su levantamiento para eludir el control judicial sino que se hizo sin tener en cuenta que previsiblemente esta actuación sería polémica y recurrida, como ha sido el caso.

En fin, que de momento, la Ciudad gana la partida a la Fundación Franco. Sería terrible que en Melilla perdiéramos un juicio de este tipo. Seríamos la primera autonomía española en restituir la estatua del dictador al que, por cierto, se menciona en el auto, en algún momento, como “comandante Franco”.

Y esta manera de referirse al caudillo me ha llamado la atención. No me imagino un futuro en una Cuba democrática en la que alguien se refiera a Raúl o Fidel Castro como general de Ejército o comandante en jefe. Yo no sería capaz de soportarlo.

Y justo este fin de semana Raúl Castro ha dimitido de su cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC). Fíjense, se trata de una formación política, la única legal en Cuba, con 700.000 afiliados. Para que se entienda, sólo el 6% de los cubanos milita en el PCC, pero ellos se arrogan el derecho de llamar “anticubanos” a todo el que no está en sintonía o aparenta estar en sintonía con ellos.

Raúl Castro anunció el viernes pasado su decisión irrevocable de dimitir al frente del partido. Dice que no tiene marcha atrás. Y no debe tenerla. El hombre está a punto de cumplir 90 años el próximo 3 de junio. Ya está bien ¿no?

Mientras los comunistas cubanos se caen a mentiras en su congreso, idealizando un país al borde del colapso, todos los activistas y opositores permanecen sitiados en sus casas, sin acceso a internet para evitar que hagan ruido. Así se las gastan los dictadores.

De eso hablamos cuando hablamos de retirar la estatua de Franco. A veces se nos olvida que no fue hasta después de su muerte que España firmó el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos que permitió la libertad de asociación y manifestación en este país.

De eso os hablo cuando hablo de dictadura: de terrorismo de Estado; de partido único; de hambre y pobreza.

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