UPyD dice que del fraude fiscal podría elevar un 20% el PIB nacional

Galán: “Deben incrementarse los medios humanos de la Agencia Tributaria”. La dirigente del Consejo Territorial de UPyD Melilla, Marisol Galán, afirmó ayer que de hacer una lucha “efectiva” contra el fraude fiscal “aflorarían muchos millones de euros, algo que podría cuantificarse en un 20% del PIB, algo que supera la media de la UE”. Por ello, consideró “fundamental” que se pongan en marcha medidas “encaminadas a luchar eficientemente contra el fraude fiscal”.
Para ello, la formación upedista dice que es “necesaria” la reforma de la normativa del delito fiscal, consistente en una ampliación de los plazos de prescripción de los delitos y en la tipificación de nuevas circunstancias agravantes, como la “ocultación al Fisco de información relativa a cuentas bancarias en el extranjero, la comisión de delitos fiscales instrumentados utilizando paraísos fiscales y las actuaciones fraudulentas mediante emisión de facturas falsas”.
Galán también hizo referencia a una reforma de la Ley General Tributaria, estableciendo sanciones de mayor gravedad a quienes “utilicen la ocultación o el engaño para la obtención de un beneficio económico directo” y aprobar un nuevo Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, en el que, “se definan con claridad las funciones y estructura de esta organización”.
Galán comentó que su partido político es favorable a la creación de una Policía Fiscal, dependiente del Ministerio del Interior, que permita utilizar medios de investigación policial y la creación de unidades especializadas en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En dicho cuerpo policial, “se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil junto con unidades operativas de vigilancia aduanera”.
Galán consideró también “importante” que en la lucha contra el fraude fiscal se adopten medidas de “concienciación social” y al respecto, informó de las propuestas de UPyD presentadas en forma de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, como “campañas de difusión, programas de educación cívico–social o campañas de difusión de información sobre datos de recaudación de los ingresos públicos”.