UPyD apoya la propuesta de una prórroga para el asunto de los áridos

El coordinador territorial melillense, Emilio Guerra, afirma que ”hay que descartar cualquier intento de especulación empresarial” e insta al Estado a buscar una solución.

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, instó ayer a la Administración del Estado a dar “una solución inmediata” al problema surgido con la importación de áridos desde Marruecos.
En este sentido, el líder upedista melillense consideró que la normativa vigente “está para ser cumplida”, si bien, desde la formación política no se llega a entender cómo se trata de imponer una disposición que data de junio de 2004 y que precisamente, daba por finalizada para las anteriores aplicaciones el periodo de coexistencia y ponía en vigor el “marcado” CE para los áridos.

“De la noche a la mañana”

Guerra comentó que la “Certificación de la Conformidad 2+” para los áridos, establece la necesidad de la Certificación del Control de Producción en Fábrica (CPF), basado en una vigilancia, evaluación y autorización permanente de éste mediante inspecciones periódicas por parte de un organismo autorizado por el Estado, que se encargaría de las citadas actividades.
Un procedimiento que según el upedista melillense “no se puede exigir de la noche a la mañana” porque lleva aparejado todo un proceso burocrático, con la lógica adaptación de la empresas, ya que el fabricante de áridos, tiene que disponer, necesariamente, de un sistema de control de producción en fábrica, que garantice la adecuación de la producción a las normas armonizadas.

Moratoria

El candidato a la presidencia de la Ciudad Autónoma por UPyD manifestó que las peticiones y solicitudes de las autoridades locales, que han reclamado una moratoria para no dañar la actividad económica de empresas y la propia recaudación del IPSI, están dentro de la “pura lógica”, lo contrario, significó Guerra, sería “levantar sospechas y dudas sobre algún movimiento especulativo, ya que traer los áridos desde la Península, supondría un encarecimiento exagerado del producto final con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos melillenses.”