Ceuta y Melilla reclaman un encaje similar al de Canarias, dentro del territorio aduanero europeo pero fuera del IVA
Prácticamente nadie en Melilla discute que la incorporación de la ciudad a la Unión Aduanera europea puede abrir oportunidades para la ciudad. Lo que sí se discute, y con toda la razón, es el precio. Y el que parece dispuesto a pagar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, resulta demasiado alto para los bolsillos de los melillenses.
La prueba está por escrito. Hace unos quince días, el jefe de la diplomacia española remitió una carta al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, en la que le aseguraba que el régimen fiscal de Melilla se respetaría “en la medida de lo posible” para conseguir la integración. La expresión no es inocente. En política, esa coletilla suele significar que nadie garantiza nada.
Y lo que está en juego no es menor. Los melillenses disfrutan hoy de una bonificación del 60% en el IRPF y pagan el IPSI, un impuesto sobre compras y servicios muy por debajo del IVA que se tributa en la península. Son ventajas que compensan la lejanía, el sobrecoste del transporte y las singularidades de una ciudad fronteriza. Ponerlas en riesgo sería un golpe directo a la economía de las familias y al tejido empresarial.
Por eso tiene sentido la exigencia de Imbroda. La entrada en la Unión Aduanera no puede resolverse en quince días, a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, para que el PSOE pueda exhibirla como un trofeo electoral. Una decisión que condicionará el futuro de la ciudad durante décadas merece una negociación serena, no una carrera contrarreloj.
Ceuta comparte esta posición. Su presidente, Juan Jesús Vivas, también ha pedido al Gobierno que frene. Ambas ciudades autónomas defienden una negociación que preserve íntegramente su fiscalidad y que las mantenga fuera del ámbito del IVA.
El modelo existe y funciona. Canarias forma parte del territorio aduanero de la Unión Europea, con el Arancel Aduanero Común aplicado a las mercancías de terceros países, pero no está incluida en el territorio fiscal armonizado. El archipiélago no aplica el IVA, sino su propio impuesto indirecto, el IGIC, y conserva su Régimen Económico y Fiscal, amparado por su condición de región ultraperiférica en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Si Canarias pudo lograrlo, Ceuta y Melilla también pueden. Pero hacen falta voluntad política, tiempo y garantías firmes, no fórmulas ambiguas en una carta. Unión Aduanera sí, claro. Pero no a cualquier precio, y mucho menos a costa del bolsillo de los melillenses.
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