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Unidas Podemos quiere ver “al detalle” los contratos menores de TV Melilla

La formación alega que la opacidad en la gestión de las administraciones públicas genera un “halo de sospecha”.

Al amparo de la Ley de Transparencia, Unidas Podemos ha solicitado acceso “inmediato” a la relación de contratos menores firmados por Radio Televisión Melilla en los años 2020, 2021 y 2022.

“La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las Administraciones a publicar trimestralmente sus contratos menores”, ha recordado Oscar Gaztelumendi, miembro de la Ejecutiva de la formación. “Sin embargo, el gerente de la televisión, Yeray Díaz, prefiere ocultarlos. No publica un contrato menor desde 2019”.

Vale aclarar que los contratos menores son aquellos que tienen un tope de 15.000€, si se trata de servicios o suministros, y de 40.000€, en caso de obras.

Gaztelumendi también señaló que la sociedad pública melillense -competencia del PSOE en el Gobierno tripartito- debería haber publicado “las listas de contratos indicando, como mínimo, su objeto, duración, importe e identidad del adjudicatario”.

El dirigente alega que la opacidad en la gestión de las administraciones públicas genera un “halo de sospecha”, por lo que “no solo queremos la relación de contratos menores. Ahora queremos verlos todos al detalle, uno a uno. Queremos ver si la Televisión ha adjudicado correctamente los contratos o si el nepotismo y el enchufismo han campado a sus anchas”.

Así, adelantó que Unidad Podemos solicitará “todos los papeles” a través del Portal de Transparencia de la Ciudad Autónoma, y afirmó que el gerente “está obligado a contestarnos en el plazo máximo de un mes, tal y como marca la Ley de Transparencia”.

De acuerdo con Gaztelumendi, Yeray Díaz ha hecho “oídos sordos” a solicitudes de información anteriores formuladas por otros colectivos.

Por otra parte, dijo esperar que en TV Melilla esté aplicándose el Plan de Igualdad, cuestión recogida en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato de 7 de marzo de 2019, donde se les daba a las empresas un plazo de tres años para su puesta en marcha.

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