Con motivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, la AMPA del Centro de Educación Especial celebró una asamblea extraordinaria donde se acordó por unanimidad de todos sus miembros presentar una denuncia penal a la dirección Provincial de Educación de Melilla así como al Ministerio de Educación por la inoperancia en la resolución de los problemas que tienen en el centro, entre ellos el mal uso que se da a su beca de transporte escolar.
Unos problemas de transporte escolar, comedor y de falta de personal no docente que son constantes incluso desde 2012, contaba Joan Casares, actual presidente de la AMPA del centro, que puede corroborar tras buscar documentos donde constaban las demandas de sus antecesores al frente del ente asambleario. En declaraciones con este medio, Casares dijo que la decisión se tomó con el acuerdo de los 51 padres que asistieron a la asamblea, donde además también se realizó la renovación de la Junta Directiva de la AMPA.
Asimismo, dijo que el día anterior a la celebración de la Asamblea, en una reunión con la FAMPA y miembros de todas las AMPAS con el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, se le comunicó a este la intención de los padres del Reina Sofía para tomar definitivamente la decisión de denunciar por la vía penal a las instituciones educativas.
Aseveraba que el transporte escolar adaptado “sigue igual”. Apenas 15 niños de 36 que reciben la beca utilizan este servicio de transporte debido a que no cumple con las condiciones, ya no solo de adaptación del vehículo, sino porque hay paradas que se hallan lejos del centro escolar y porque tampoco se hacen los viajes en el horario que deben realizarse. El primer viaje llega a las 8:30 horas, Casares dijo que por ley debería tardar unos quince minutos y llegar a las 8:45 horas, por lo que el segundo trayecto estaría llegando a las 9:30 horas. Dijo que no se cumple con ningún tipo de horario aún yendo tan pocos niños.
“En temas de transporte maneja unos datos diferentes a los nuestros, él comentó el otro día a otros medios que en el autobús van 26 niños de los 36 que debían ir; nuestros datos siguen siendo para mí muy fiables porque vienen de los propios padres”, sostuvo. Indicó que son son un promedio de 15 niños los que utilizan el autobús adaptado, que podrían variar entre los 14 o los 16. Por ello, no entiende de dónde sale su dato, el cual proviene de la propia Dirección. Casares cree que hay un error y que quizá podría estar hablando de viajes de ida y vuelta, aunque las cifras no encajan.
Casares señaló que el director provincial siempre explica lo que hará en un futuro, algo que implica una declaración de intenciones, “pero no una realidad”. Aseguró que nunca han dicho que Berbel no tenga buenas intenciones, sino que la situación no se ha corregido y es algo que dicen no comprender. Sobre todo por las respuestas que reciben por su parte.
La situación de las paradas del autocar también es un factor importante para que los padres escojan un transporte para que sus hijos vayan al colegio. Joan Casares trajo el ejemplo de dos niños en silla de ruedas de estudian en el CEIP Juan Caro. La parada se encuentra a unos 500 metros del centro escolar, y en ese camino no es regular, hay subidas, bajadas e incluso escaleras. Además, los niños se bajan sin ningún acompañante para que les pueda ayudar durante ese trayecto.
Casares contó que cuando se lo comentó a Berbel este no pudo responderle y que se excusó en que los padres no estaban yendo en el transporte escolar. “Porque los dejan a 500 metros del colegio; cuando los padres ven que no llega el transporte escolar, se buscan la vida”, expresó.
Además, el transporte escolar se supone que está subvencionado, estos niños tienen su beca y si no pueden ir en el autocar significa que no la pueden utilizar. “Se está malgastando su dinero porque no llega bien. Entonces, ¿por qué dan una beca sino funciona?”, se preguntaba el presidente de la AMPA. Podría tratarse de un presunto delito de malversación. El servicio de transporte cuesta un total de 71.000 euros por un servicio que debería ofrecerse desde el 10 de septiembre, y que realmente comenzó casi un mes más tarde.
En aquel encuentro también le preguntaron por personal no docente. Casares espera que constase en el acta de la reunión. Continúan faltando dos fisioterapeutas por ley y el número de cuidadores que faltan puede variar entre 8 y 14 cuidadores según las interpretaciones que se hagan. Hay quienes cuentan a partir de las plazas que se tienen asignadas (son ocho) o del número de personas que se encuentran trabajando (cinco).
Al parecer Berbel reconoció que faltaban cuidadores y dijo que para el curso actual no contarán con ninguno de estos trabajadores. Sin embargo, que para le próximo curso, de 2020/2021 “a lo mejor” se puede contratar a alguno y que podría ser en 2021/2022 cuando cumpliesen con lo que estipula la ley. Casares dijo no entender cómo el responsable de la Dirección Provincial de Melilla reconocía el incumplimiento de una ley y dijese que no hay solución a este problema.
Por ello, la denuncia penal irá dirigida a las instituciones de Educación, la Dirección Provincial de Melilla y el propio Ministerio entendiendo que existe un grave perjuicio para las familias del alumnado del Reina Sofía. Los padres ya han encontrado una entidad jurídica que se encargue de su caso para denunciar a la Administración ya que entienden que se están vulnerando los derechos de sus hijos.
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