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Una sentencia dice que De Castro cesó ilegalmente a los consejeros del PP

El Gobierno de Imbroda habla de “pequeña satisfacción moral” por la decisión del alto tribunal andaluz

Eduardo de Castro cesó ilegalmente en 2019 a los consejeros en funciones del PP, según ha determinado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la que este martes se dio conocimiento al Consejo de Gobierno. El fallo judicial desestima el recurso presentado por el equipo anterior PSOE-CpM contra un primer dictamen contencioso-administrativo de Melilla que daba la razón a los populares.

El portavoz del consejo, Daniel Conesa, explicó que en el año 2019, el entonces recién nombrado presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, cesó a los consejeros en funciones, todos del PP, sin haber nombrado al mismo tiempo a sus sustitutos, una acción que, según denunciaron entonces los populares, era contraria de Derecho. Y así lo estableció en primera instancia el Tribunal Contencioso-Administrativo de Melilla.

Contra ese dictamen presentó recurso el Gobierno de 2019, que ha quedado desestimado por el alto tribunal andaluz, competente en la materia. “Reitera que el decreto de hace ya más de cuatro años del presidente anterior era ilegal”, razona Conesa.

Según las normas establecidas tanto en el Estatuto de Autonomía como en el Reglamento vigente, la Ciudad Autónoma no podía quedarse sin consejeros en el Gobierno y sin embargo, Eduardo de Castro estuvo presidiendo el Ejecutivo sin que hubiera nadie designado. “Impidió que los consejeros en funciones continuaran hasta el nombramiento de los nuevos como marcan las normas”.

La sentencia del TSJA ya no tiene efectos prácticos. “Como ustedes comprenderán, políticamente a nosotros nos importa ya muy poco porque las elecciones han puesto a cada uno en su sitio”, señaló.

Eso sí, reconoció que la victoria en los tribunales “es una pequeña satisfacción moral” y tiene “su importancia política” por cuanto que da la razón al PP en sus planteamientos contra el nacimiento ilegal de aquella legislatura. “Lo que decíamos era lo cierto es que el anterior presidente había actuado de forma ilegal. Estábamos convencidos de ello y por eso acudimos a la vía judicial”.

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