Opinión

Una pena

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, quisiera transmitir a los medios cuál es, a día de hoy, la situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla, con competencias en materia de violencia de género.

Parto de la convicción de que la solución a esta lacra nunca estará en los juzgados, por descontado: los juzgados intervienen cuando el mal ya se ha hecho y, si queremos soluciones, estas deben llegar antes de ese fatal momento.

Ahora bien, como los actos de violencia contra las mujeres, strictu sensu, son delito y acaban en el referido juzgado, aquí van unos datos.

A 22 de noviembre de 2022, dicho juzgado acumula 855 diligencias previas, 240 diligencias urgentes, 195 delitos leves y 520 demandas civiles.

El Juzgado tiene la competencia en materia de violencia contra la mujer de forma exclusiva, pero no excluyente, lo que significa que, en esos datos, también hay muchos asuntos que no son de violencia. Pero eso no lo hace de mejor condición, sino de peor, pues compaginar los asuntos ordinarios con los que son de violencia de género es difícil y penoso, pues la materia de violencia exige una dedicación especial.

Y eso lo tiene que hacer con una plantilla igual a la del resto de juzgados que, además, está caracterizada por una escasa estabilidad, debido a que su excesiva carga de trabajo «anima» a quienes recalan ahí a moverse en cuanto pueden.

De hecho, dichos números justifican, por sí mismos, que desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 se haya pedido, y este Juez Decano haya apoyado, el incremento de la plantilla mediante la adscripción permanente e indefinida de un funcionario, tal y como la Sra. presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, en visita de inspección girada en septiembre de 2021, informó que era necesario para cumplir con los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

A pesar de ello, desde el Ministerio de Justicia no se ha dado respuesta satisfactoria a esta petición que, desde entonces, se viene haciendo.

Confío en que el compromiso con la lucha contra la violencia de género de la que hacen gala nuestros gobernantes, se traduzca pronto en la inversión adecuada de medios materiales y humanos para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla.

Así como para el resto de juzgados que, en España, se dedican a la tarea de proteger a las mujeres víctimas de violencia. La Administración de Justicia siempre es la última para todo, incluso cuando se trata de problemas tan sensibles como éstos. Una pena.

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