Una Ong pide una investigación sobre el altercado con los menores migrantes

La asociación Mec de la Rue (MdLR) ha solicitado una investigación exhaustiva e imparcial sobre el altercado ocurrido el pasado viernes en el centro de acogida de menores La Purísima, en Melilla. La entidad ha expresado su “total apoyo” a los menores involucrados y ha denunciado su “injusta criminalización” tras los hechos, que fueron calificados por varios sindicatos como un “motín”.

El incidente se produjo después de que, según los sindicatos CCOO, CSIF, CGT y USTM, los menores exigieran un obsequio económico —10 euros por niño— con motivo del final del mes sagrado del Ramadán. Esta práctica, afirman, había sido una tradición habitual en el centro durante años, pero fue interrumpida en esta ocasión por la nueva empresa adjudicataria del servicio, Tragsatec, lo que habría generado malestar entre los jóvenes.

Desde el sindicato CGT sostienen que esa gratificación económica formaba parte de las costumbres históricas del centro como gesto simbólico hacia los menores, la mayoría de origen musulmán. “La ruptura unilateral de esa tradición por parte de Tragsatec provocó indignación”, explicaron. La situación derivó en un episodio de tensión que terminó con varios heridos, entre ellos trabajadores y menores, y requirió la intervención de la Guardia Civil.

Ante esta situación, CGT ha exigido la dimisión de la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla, Randa Mohamed, quien hasta el momento ha optado por no realizar declaraciones públicas.

Por su parte, la organización MdLR ha hecho un firme llamamiento a las autoridades para que no se criminalice a los menores y se aborde la situación desde una perspectiva estructural. En un comunicado público, la Ong denunció que “los menores están siendo injustamente señalados y estigmatizados”, sin tener en cuenta las condiciones que dieron origen al conflicto.

Para MdLR, es “inaceptable” que se responsabilice únicamente a los menores y acusan a parte del personal del centro de haber actuado con violencia durante el altercado. “Estos jóvenes, que ya han pasado por situaciones de extrema vulnerabilidad, necesitan apoyo, comprensión y soluciones dignas, no ser perseguidos”, afirmó la organización.

La ONG exigió una investigación que incluya no solo los actos de los menores, sino también la actuación de los educadores y responsables del centro, al considerar que existió un uso de la fuerza que debe esclarecerse. Además, subrayaron que muchos de estos jóvenes se encuentran en un estado de abandono institucional, lo cual agrava su situación emocional y social.

MdLR también denunció que la gestión del centro no siempre ha garantizado los derechos fundamentales de los menores. Aunque el centro de La Purísima ha sido objeto de mejoras en los últimos años, diversas organizaciones han alertado anteriormente sobre deficiencias estructurales, falta de personal especializado y métodos de disciplina poco adecuados.

La entidad reclamó a las autoridades un cambio de rumbo en las políticas de atención a la infancia migrante en Melilla, ciudad que sigue siendo una de las principales puertas de entrada de menores extranjeros no acompañados a Europa. “No se puede permitir que se trate a estos niños como una amenaza. Necesitan protección, no persecución”, sentenció el comunicado.

La nota de MdLR concluyó con un mensaje contundente: “¡Basta de criminalización! ¡Por una infancia y adolescencia protegida y con derechos!”.

El conflicto ha reavivado un debate de fondo en Melilla sobre la situación en los centros de protección de menores y las políticas sociales vinculadas a la infancia vulnerable. Mientras la opinión pública se polariza, la falta de explicaciones por parte de las autoridades deja aún sin respuesta muchas incógnitas sobre lo sucedido.

Organizaciones de derechos humanos y sectores sociales exigen mayor transparencia y una revisión integral de la gestión del centro de La Purísima, que albergaba a más de un centenar de menores en situación de tutela al momento del incidente. La evolución del caso y la posible apertura de una investigación formal marcarán los próximos pasos en un conflicto que, más allá de un episodio aislado, ha puesto en evidencia tensiones acumuladas en el sistema de protección.