Categorías: Sociedad

Una ONG denuncia la instalación de una valla con cuchillas en Marruecos

Las autoridades marroquíes están instalando una valla fronteriza paralela a la española. Así lo asegura la Asociación Rif de Derechos Humanos (ARDH). Según esta ONG, los trabajos de construcción comenzaron hace unos veinte días. El primer tramo está siendo instalado en la zona de Rostrogordo.

La ARDH, que es una de las ONGs más respetadas en la región del Rif, ha solicitado por carta al gobernador de Nador que detenga las obras debido a las consecuencias que va tener el hecho de que esta instalación vaya a contar con una concertina. En su escrito, la ONG subraya las “graves heridas” que las cuchillas pueden provocar a los inmigrantes que intenten entrar ilegalmente en Melilla, generalmente inmigrantes de origen subsahariano que en su mayor parte se refugian en el Gurugú a la espera de una oportunidad para llegar a nuestra ciudad.
El presidente de ARDH, Chakib Jiari, además de denunciar la construcción de la nueva valla, señala que cuando los inmigrantes intentan saltar la valla, no son conscientes ni disponen de los medios necesarios para ser informados “de la gravedad de lo que les espera”. Por ello, Jiari solicita a las autoridades marroquíes que reconsideren su decisión e interrumpan la construcción de la valla. Asimismo, les anima a buscar otras alternativas para detener la inmigración ilegal, pero siempre dentro del marco del respeto a las normas internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, el presidente de ARDH afirma que se ha puesto en contacto con varios partidos políticos marroquíes para solicitarles más información sobre esta medida adoptada por el Gobierno del país vecino. También les solicita su apoyo.
De momento, las autoridades marroquíes no se han pronunciado sobre este asunto para confirmar las instalación de la valla, desmentirla o defender su proyecto.
Habitualmente, los inmigrantes que consiguen llegar a Melilla después de lograr superar el vallado fronterizo denuncian los métodos utilizados por los agentes de las Fuerzas de Seguridad marroquíes para detener las avalanchas. Asimismo, aseguran que a diario se producen redadas en el monte Gurugú, donde son frecuentes episodios de gran brutalidad por parte de esos mismos agentes.
Por su parte, las autoridades del país vecinos señalan que sus policías tienen que hacer frente a agresiones por parte de los inmigrantes subsaharianos.

La concertina en la valla fronteriza no se retirará

El Gobierno español no tiene intención de retirar la concertina que se está instalando, junto a la malla antitrepa, en el vallado fronterizo. El presidente Mariano Rajoy señaló el pasado martes que sentía una “tristeza enorme” al contemplar la imagen de los inmigrantes encaramados a la valla, pero advirtió de que no se retirarán las concertinas ya que “no se puede tener una frontera abierta para que entre todo el mundo que quiera”. Y añadió que este tipo de medidas disuasorias son habituales en lugares donde hay que proteger una frontera.

Cáritas reclama el “escrupuloso” respeto de los derechos de los inmigrantes

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela considera que es “imprescindible” que el Gobierno central lleve a cabo un cambio en sus políticas sociales para luchar contra la exclusión social. Y en relación con la inmigración, reclama que se respeten los derechos de los inmigrantes. Esta ONG cristiana señala que es necesario “evitar episodios terribles como los de Ceuta o Melilla”. Por ello exige que las autoridades respeten los derechos de estas personas y advierte de que las leyes “deben cumplirse de forma escrupulosa”.
Cáritas recoge esta petición dentro de un manifiesto que se leyó ayer en la capital gallega con motivo de la XXI Jornada de Solidaridad con los Parados. En ese documento también señala que los recortes presupuestarios en políticas sociales están provocando la pérdida de  derechos sociales para muchas personas. La ONG afirma que el derecho a la salud y a la atención sanitaria “debe volver a ser universal, gratuito y público”. Además, solicita “un fuerte compromiso” por parte de diferentes administraciones públicas para garantizar que los ciudadanos puedan contar con unos ingresos suficientes que les permitan disfrutar de “unas condiciones de vida dignas”. Cáritas solicita una especial atención para los ciudadanos más vulnerables.
Esta ONG ha sido testigo directo de cómo, desde que comenzó la crisis, ha aumentado de manera considerable el número de personas en riesgo de exclusión social.

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