Supimos ayer que la Ciudad Autónoma no asumirá la gestión de la desaladora hasta el 6 de febrero de 2024, lo cual supone que retrasa la fecha inicialmente prevista (6 de diciembre) por espacio de 2 meses. El propio Gobierno reconoce que se pospone porque es necesario comprobar su funcionamiento, fundamentalmente de cara a los ajustes necesarios del recién hecho cuarto módulo, que permitirá en el futuro aumentar la cantidad de agua que entrará en la red de abastecimiento.
En esos dos meses será Tragsa, una empresa pública de ámbito estatal, la que se hará cargo de la planta. Y esto es así a petición de la Consejería de Medio Ambiente, que lo planteó ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, Medio Ambiente no quiere pillarse los dedos asumiendo la gestión de la desaladora cuando todavía está por ver cómo irá el cuarto módulo y tampoco está hecha la nueva línea eléctrica que necesitan las instalaciones para funcionar a pleno rendimiento.
El Gobierno de Imbroda pretende ser cauto y no es para menos. El suministro de agua es uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad y los melillenses están hartos de cortes, que cuando no son programados por cuestiones técnicas de la desaladora, son motivados por averías sobrevenidas o reventones de tuberías; porque esa es otra: la red de abastecimiento es muy vieja y hay que tenerla entre algodones entre tanto se sustituye.
No hay más que dar una vuelta por las redes sociales para saber hasta qué punto están los ciudadanos cansados de abrir el grifo y que no salga una gota de agua. Las críticas en Facebook, por ejemplo, son feroces y el Gobierno pretende andar de puntillas para que no le salpiquen esos problemas más de lo imprescindible. Por eso no es sorprendente que prefiera esperar dos meses a ver cómo van las cosas con el cuarto módulo de la desaladora.
De hecho, la gestión de la planta ya está incluso adjudicada a una empresa (Sacyr), que será la responsable de sacar adelante el servicio. Los planes inicialmente fijados es que entrase a trabajar en las instalaciones el 6 de diciembre. Así lo acordó en su momento el Pleno de la Asamblea con el anterior Gobierno.
Lo que no parece muy de recibo es la actitud de CpM en este asunto. El diputado Rachid Bussian llegó incluso a plantear la posibilidad de que la gestión quedara en el aire a partir del 6 de diciembre, algo que habría supuesto, decía, el desabastecimiento de agua en la ciudad. No se puede alarmar de esa forma a la población en algo tan de primera necesidad. Eso no es comprensible. En política cabe todo tipo de críticas pero sacar conclusiones a la ligera y hacer afirmaciones tan dañinas no pueden traer nada bueno para los cepemistas, a los que cabe decir que no todo debe valer para atacar al Gobierno o al oponente político.
Es evidente que el suministro de agua no se va a interrumpir, al menos no por ese motivo del cambio de empresa en la gestión. Otra cosa es que el cuarto módulo resuelva los problemas porque eso habrá que verlo y es otra cuestión distinta.
