La multinacional Atlas Combustibles y Lubrificantes se traerá a Melilla a una empresa de fuera (suenan tambores de Córdoba) para gestionar la distribución del butano a las viviendas y gasolineras de la ciudad, según han informado a El Faro los trabajadores de la empresa que a finales de mes se quedarán en paro.
Después de casi 40 años trabajando en el sector, cinco distribuidores con entre 10 y 15 empleados a su cargo perderán su trabjo este 30 de diciembre.
Uno de los distribuidores comentó a este diario que no está preocupado por su futuro porque le quedan dos años para jubilarse y coincidirán con los dos de paro que tiene acumulados.
Sin embargo, mira con preocupación el futuro de algunos de sus compañeros que han sido despedidos a falta de diez años para conseguir la jubilación y tal y como está el mercado laboral en Melilla, tendrán muy difícil reengancharse.
De momento solo cuatro conductores de los camiones de butano de Melilla han sido contactados por la empresa de la península que llevará el servicio de distribución de butano a domicilios y gasolineras de Melilla.
Los trabajadores están dolidos con la multinacional y amagan con ir a juicio. Ellos explican que han llegado a esta situación porque la empresa les propuso un nuevo contrato a primeros de años que todos rechazaron al considerar que incluía cláusulas inaceptables y citan como ejemplo una indemnización pactada de 6.000 euros tras 40 años de servicio o que se contemplara como motivo de despido no acudir a una llamada de reparto.
Tras casi 40 años trabajando en la distribución de butano en Melilla, los distribuidores locales echaron un pulso a la empresa y lo han perdido.
Fueron los propios distribuidores los que el pasado 28 de octubre presentaron su renuncia a la empresa alegando incumplimientos de contrato. Entre ellos, citan la supresión de los comunicados de pedidos en ruta, lo que en la práctica se traduce en que para saber cuántos pedidos hay, los camiones que están trabajando en la calle tienen que regresar a la planta de Atlas para ser notificados de las solicitudes de reparto.
A esto hay que sumar la limitación de los pedidos hasta las 14.30 horas, recortándose de esta forma la jornada laboral y la distribución a domicilio por las tardes.
La empresa también les pidió que dejaran fuera de servicio los teléfonos que publicitaban en los camiones de reparto y la suspensión de la distribución de butano los sábados y esto, lógicamente les recorta los ingresos.
Los distribuidores rechazaron asimismo que les obligaran a prestar el servicio de asistencia técnica so pena de rescindir el contrato porque defienden que su labor se reduce única y exclusivamente a llevar el butano a las casas y debe ser la empresa la que asuma esas tareas.
Pero el motivo de mayor peso por el que los distribuidores renunciaron al contrato con Atlas es porque no les salían las cuentas con lo que la empresa les paga de comisión por cada botella de butano que, además, deben repartirse con las gasolineras.
Con la inflación disparada y los precios del combustible por las nubes, los distribuidores intentaron renegociar con la empresa y no pudo ser. Esas condiciones que ofrecía la compañía tampoco fueron aceptadas por ninguna compañía de Melilla, según los trabajadores.
De ahí, añaden, que hayan tenido que recurrir a una empresa de la península a la que los trabajadores sospechan que le han concedido las condiciones que ellos llevan reclamando desde que en febrero pasado empezó esta guerra.
Los trabajadores no ocultan su malestar con los políticos de Melilla porque aunque todos los han escuchado y les han dado una palmadita en la espalda, ninguno ha intentado buscar una solución para evitar los despidos.
La Ciudad les prometió negociar con Madrid para llegar a un acuerdo, pero los trabajadores no saben si esa gestión se ha hecho. Aunque en el punto en el que estamos, dan por hecho que o no se hizo o si se hizo no sirvió de nada.
Esa es la situación que tenemos a día de hoy sobre la mesa y sería interesante abrir el debate sobre si debemos aprobar algún tipo de cláusula de discriminación positiva que favorezca a las empresas locales, dada la dificultad añadida que tiene invertir en Melilla.
Esas ventajas podrían aplicarse a la hora de optar a un contrato público y se podrían hacer extensiva a los trabajadores de Melilla que quieran acceder a un empleo en la ciudad. Pero también habría que pensar en mecanismos que impidan que se abuse de esas políticas proteccionistas.
Las empresas que se mantienen abiertas en Melilla afrontan una situación muy delicada y no podemos ignorar que el principal objetivo de un empresario es ganar dinero porque si no se cumple ese objetivo, el negocio cierra a menos que logre abonarse a subvenciones públicas.
Mientras mejor le vaya a nuestro tejido empresarial, mejor nos irá a cada uno de nosotros de manera individual, pero (siempre hay un pero), hay que buscar un término medio para conseguir que las compañías de fuera quieran venir a Melilla y lo hagan convencidas de que deben dejarse dinero en la ciudad, contratando a gente aquí cualificada y con ganas y de trabajar.
Nosotros no somos Madrid. Ni siquiera somos Ceuta. Tenemos rebajas fiscales y no logramos que las empresas se instalen en Melilla. Estamos lejos del mundo que mueve dinero y necesitamos hacernos un hueco porque de lo contrario no conseguiremos reducir a cero las listas de desempleo.
Eso no es un quimera. Tiene que ser nuestro objetivo. ¿Se imaginan cuánto cambiaría Melilla sin un solo parado? Para conseguir algo, hay que por lo menos intentar conseguirlo. Permitir que cinco distribuidores locales acaben sin trabajo tras 40 años de servicio en una empresa no es la noticia que todos querríamos leer. ¿Qué ha fallado?
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