Una asociación de niños robados en Murcia inicia las pruebas de DNI

Melilla, según los datos de la Asociación, es uno de los lugares de donde se robaron niños. La recién creada Asociación de Bebés Robados de la Región de Murcia realizó durante la jornada de ayer pruebas de ADN a las personas que crean estar afectadas por este problema, después de denunciar en rueda de prensa que en esta comunidad hay unos 40 posibles casos, 8 de ellos denunciados ante los tribunales y 4 en trámite de hacerlo. Según explicó en abogado de la asociación, Enrique Vila, generalmente, y sobre todo en las décadas de los años 60 y 70, los niños robados en una provincia eran llevados a otra, y en el caso de Murcia, proceden de Madrid y Barcelona. En otras partes de España el traslado ha sido de Madrid a Valencia, de Melilla o Canarias al País Vasco o de Zaragoza a Barcelona.
Vila, que asesora a quienes crean ser niños robados o progenitores que sospechen que sus hijos biológicos lo han sido, se ha mostrado partidario de que sea la Audiencia Nacional quien lo investigue si se demuestra la existencia de una trama organizada de compraventa de bebés en España.
Junto a Antonio Barroso, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Vila presentó en enero de 2011 ante la Fiscalía General del Estado 261 denuncias de presuntos casos de bebés robados.
“Si hubieran sido mafias locales, aseguró, los niños se hubieran quedado en su región de origen, pero todo apunta a que podría tratarse de una red criminal nacional de trata de seres humanos con la que mucha gente se ha enriquecido”.
Si esto fuera así, añadió, además de denuncias por delitos individuales de detención ilegal, podría también apelarse como posible crimen contra la humanidad al Tribunal Penal Internacional o al de Derechos Humanos de Estrasburgo, que podrían a su vez ordenar la reapertura de los casos archivados.
La asociación opina que hay “demasiados archivos” porque las fiscalías de las regiones a las que la Fiscalía General del Estado ordenó investigar los casos están “desbordadas”, e incluso sospecha que hay “una instrucción no escrita” para que no sean investigados.
Salvado el problema inicial de la prescripción del delito de detención ilegal, a los 15 años, porque la mayoría de los fiscales están empezando a contar ese plazo desde que se interpone la denuncia, dijo Vila, está la dificultad de hallar pruebas suficientes y contundentes, dadas las décadas transcurridas desde que supuestamente podrían haberse cometido estos delitos, lo que lleva en muchos casos al archivo judicial por falta de evidencias.