En la noche de ayer, la ciudadanía de Melilla fue sorprendida por una notificación urgente emitida por la Ciudad Autónoma en la que se informaba de la suspensión temporal de los servicios de la Red OIAC (Oficinas de Información y Atención al Ciudadano), debido a un problema técnico en los sistemas informáticos.
El mensaje, distribuido a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, señalaba que “los servicios de la Red OIAC están temporalmente fuera de servicio debido a un problema técnico en nuestros sistemas informáticos. Para cualquier trámite que requiera registro, los ciudadanos podrán presentarlo en los puntos habilitados conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Además, la administración local lamentó las molestias ocasionadas y aseguró estar trabajando para restablecer el servicio “lo antes posible”.
El anuncio generó incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos, muchos de los cuales dependen de estas oficinas para realizar gestiones administrativas cotidianas. A primeras horas de la mañana, los medios de comunicación solicitaron declaraciones al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, sobre el incidente y las posibles causas del fallo informático.
Al ser preguntado directamente por la posibilidad de que se tratara de un ciberataque, Imbroda respondió con cierta ambigüedad: “El ciberataque no es seguro que sea ciberataque. Se dijo que podía ser un ciberataque, lo que va a ser bueno. Al final, eso es lo más noticiable que hay, que puede ser ciberataque. Se está trabajando”.
El presidente aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer el origen del fallo y recuperar la operatividad de los sistemas lo antes posible: “Toda la noche hemos estado trabajando. La idea es que en dos días todos los sistemas se pusieran otra vez en servicio”. En sus declaraciones, Imbroda destacó la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la gestión de la crisis: “Menos mal que tenemos un servicio de seguridad contratado con el CNI, que es para la protección y la lucha contra el ciberataque y tenemos un convenio realizado. Son los que también están apoyando y trabajando en todo este tema”.
El presidente indicó que tanto expertos técnicos como las fuerzas de seguridad del Estado están involucrados en las investigaciones para determinar con exactitud el origen del problema: “Estamos viéndolo todo y arreglándolo. Vamos a intentar, bueno, se va a saber. Yo no lo sé a esta altura de la mañana, pero seguro que se va a saber qué ha sido realmente y de dónde viene”. Además, añadió que “la policía está alertada y se ha presentado denuncia por un posible ciberataque para ir contra esos malhechores”.
A falta de un informe técnico oficial, las autoridades no han confirmado si efectivamente se trata de un ataque informático o de un fallo interno de los sistemas de la administración. No obstante, el hecho de que se haya activado la intervención del CNI y que se haya dado parte a la policía refuerza la hipótesis de una acción deliberada contra la infraestructura digital de la ciudad.
Mientras tanto, los ciudadanos que necesiten realizar trámites administrativos deberán acudir a los puntos habilitados por la administración en virtud del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, que permite la presentación de documentos en registros de cualquier administración pública, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas, consulados o en cualquier otro registro electrónico habilitado.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que se mantendrán informados a los ciudadanos a través de sus canales oficiales y se ruega comprensión ante una situación que, por el momento, sigue en proceso de evaluación y resolución. La expectativa ahora se centra en la evolución de las investigaciones técnicas y en si finalmente se confirmará o no la naturaleza del posible ciberataque.
La interrupción de los servicios de atención ciudadana deja en evidencia la vulnerabilidad de las administraciones locales frente a amenazas digitales, un problema creciente que pone en jaque no solo la operatividad institucional, sino también la confianza ciudadana en los sistemas públicos de gestión.
