La Ciudad llevará la iniciativa a todos los centros educativos e impulsará medidas personalizadas
Detectar, prevenir y atender los casos de absentismo escolar en Melilla. Esa será la misión de un equipo especializado que la Ciudad contratará para los próximos tres años y que actuará de forma coordinada con los centros educativos, los servicios sociales y las propias familias afectadas por esta situación. Se trata de un programa que contará con una inversión de 1,47 millones de euros y que pretende reforzar la lucha contra el abandono temprano.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno melillense amplía el enfoque tradicional del absentismo escolar al vincularlo directamente con la pobreza infantil y la exclusión social. El objetivo es intervenir en aquellos casos en los que las dificultades económicas, familiares o sociales estén comprometiendo la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes.
El nuevo servicio estará dirigido principalmente al alumnado de entre seis y 16 años en edad de escolarización obligatoria, así como a quienes cursen Enseñanza Reglada Obligatoria o Formación Profesional Básica y estén empadronados en Melilla. Además, incorporará una vertiente preventiva al incluir a menores de Educación Infantil, de entre tres y seis años, cuando se detecten ausencias reiteradas al centro escolar pese a no encontrarse aún en la etapa obligatoria.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, este equipo desempeñará un papel clave en la elaboración de medidas individualizadas adaptadas a las necesidades de cada menor y de su entorno familiar. La finalidad es ofrecer un acompañamiento continuo que permita abordar situaciones complejas antes de que desemboquen en abandono escolar o exclusión social.
La Administración local considera que muchos episodios de absentismo responden a factores múltiples que van más allá del ámbito educativo, como dificultades económicas, problemas familiares o barreras sociales que requieren una intervención especializada. Por ello, el servicio combinará actuaciones reactivas con una estrategia preventiva basada en la identificación temprana de situaciones de riesgo, permitiendo actuar cuando aún existen posibilidades de revertir la problemática.
El ámbito de actuación abarcará el conjunto de los centros educativos de Melilla. El equipo contratado deberá adaptar su radio de acción conforme evolucionen las necesidades detectadas, con un modelo flexible que permita intervenir allí donde aparezcan nuevos focos de vulnerabilidad. La coordinación con los servicios sociales, los equipos educativos y otras entidades comunitarias será uno de los pilares del programa. El objetivo es que la información fluya entre las distintas administraciones y recursos locales para detectar con rapidez a los menores que puedan encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión.
Esta colaboración pretende garantizar un acceso más directo a los servicios de apoyo educativo, social y familiar, así como mantener un seguimiento constante de cada expediente. Así, uno de los aspectos más concretos del pliego establece los plazos máximos de actuación una vez detectado un caso de absentismo.
El servicio deberá abrir un expediente cuando un alumno acumule un nivel de absentismo igual o superior al 15 % de los días lectivos de un mes. A partir de ese momento comenzará una intervención con tiempos tasados, que van desde 15 días para investigar la situación personal, familiar, educativa y social del menor hasta 30 días para elaborar un diagnóstico completo y diseñar un plan de actuación individualizado.
Posteriormente, se establece una semana para poner en marcha las medidas previstas una vez realizado el diagnóstico. Además, cada caso deberá someterse a un seguimiento mensual documentado en su correspondiente expediente, con evaluaciones periódicas que permitan modificar la estrategia cuando sea necesario.
El Gobierno melillense aboga con esta iniciativa porque los técnicos elaboren planes específicos dirigidos a favorecer el éxito escolar y reducir las desigualdades en el acceso a oportunidades educativas y de desarrollo. Cada actuación podrá combinar medidas educativas, sociales y familiares en función del origen del problema detectado. La filosofía del programa pasa por entender que el absentismo no siempre obedece a una única causa y que su resolución exige una intervención integral.
Por ello, uno de los elementos más destacados del servicio es el papel central que se concede a las familias, con lo que madres, padres o personas que ejerzan la tutela deben convertirse en agentes activos del cambio. Las intervenciones deberán desarrollarse conjuntamente con los menores, sus hogares y los centros escolares, reforzando la idea de corresponsabilidad en la asistencia regular a las aulas.
El servicio también podrá apoyarse en otros recursos comunitarios, tanto educativos como sociales o culturales, cuando resulte necesario para alcanzar los objetivos de reintegración escolar. El programa vincula explícitamente la lucha contra el absentismo con la prevención de la pobreza infantil, una relación que la Administración considera especialmente relevante en contextos de vulnerabilidad social.
El equipo técnico deberá identificar situaciones que puedan comprometer el acceso de los menores a derechos básicos y activar medidas que favorezcan su inclusión social. Entre las funciones previstas figura la detección temprana de factores de riesgo, la elaboración de estrategias de acompañamiento sostenibles y la evaluación continua de los resultados obtenidos.
El presupuesto de 1,47 millones de euros permitirá financiar el servicio durante un periodo inicial de tres años, consolidando un modelo de intervención especializado que pretende ofrecer una respuesta estable frente a uno de los principales retos educativos y sociales de la ciudad.
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