Un detenido por yihadismo en Melilla pacta con la Fiscalía y rebaja su condena

Mohamed E.M., un hombre acusado de almacenar y difundir material yihadista en su domicilio en Melilla, ha logrado reducir su condena de ocho a tres años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Como parte del pacto, se ha solicitado su expulsión de España una vez que cumpla la pena impuesta.

El acusado, que se encontraba en libertad bajo fianza desde 2019, fue arrestado en junio de 2017 y permaneció en prisión provisional hasta que obtuvo la libertad condicional. Durante el juicio, celebrado este lunes en la Audiencia Nacional, el acusado admitió haber almacenado material para el adoctrinamiento en el ideario yihadista, pero negó haber formado a otras personas o financiado el traslado de combatientes a zonas de conflicto.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para Mohamed E.M. una condena de ocho años de prisión por los delitos de autoadoctrinamiento y colaboración con organización terrorista. Sin embargo, tras la evaluación de las pruebas y la falta de elementos concluyentes que demostraran su participación activa en la captación o financiación de terroristas, la acusación fue modificada.

La fiscal encargada del caso explicó en la vista oral que, aunque se encontró en su domicilio “material idóneo para el adoctrinamiento yihadista”, no se pudo acreditar que el acusado haya reclutado o adoctrinado a terceros. También se descartó su implicación en la financiación de viajes de individuos con destino a zonas de conflicto para unirse a organizaciones como Dáesh o Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Por este motivo, se retiró la acusación de integración en organización terrorista, dejando únicamente el cargo de autoadoctrinamiento, lo que permitió una rebaja sustancial de la pena.

Llegado desde Dinamarca

Mohamed E.M. se trasladó a Melilla en 2013 desde Dinamarca, donde residía con sus dos esposas y siete hijos. Desde entonces, las autoridades lo habían identificado como un individuo con actividad sospechosa en redes sociales, donde difundía mensajes y material relacionado con la ideología yihadista.

Los hijos de Mohamed E.M. no estaban escolarizados y eran educados por su padre, mientras que en la vivienda se pudo comprobar cómo las habitaciones de los niños y de sus dos mujeres tenían cerraduras en las puertas para ser cerradas con llave desde fuera, según la Fiscalía.

Según una investigación previa publicada en El Faro de Melilla, el acusado utilizaba plataformas digitales para compartir contenido extremista y realizar comentarios en favor de la yihad. También se le relacionaba con reuniones en las que, supuestamente, intentaba captar jóvenes para que se unieran a grupos terroristas.

Uno de los puntos clave del caso fue el hallazgo de documentos digitales y físicos en el domicilio del acusado, donde la policía encontró USB y CDs con manuales sobre la fabricación de explosivos caseros, instrucciones sobre cómo operar en la clandestinidad y propaganda de grupos terroristas.

Además, en su despacho se hallaron dibujos animados sobre la conquista de Al-Ándalus y, en su teléfono móvil, un vídeo en el que su hija de menos de un año aparecía bailando al ritmo de un canto yihadista.

También se descubrió que sus hijos no estaban escolarizados y recibían educación exclusivamente en el hogar, donde se observó que las habitaciones de los menores y de sus esposas contaban con cerraduras que solo podían ser cerradas desde el exterior, lo que generó preocupación entre las autoridades.

El abogado defensor de Mohamed E.M. se mostró conforme con la modificación de la acusación y solicitó el levantamiento del bloqueo de las cuentas bancarias de su representado, argumentando que este no había podido disponer de sus recursos desde su detención y dependía económicamente de su esposa.

La Fiscalía apoyó esta petición y el juicio quedó visto para sentencia sin que el acusado hiciera uso de su derecho a la última palabra.

Con la nueva solicitud de tres años de prisión y posterior expulsión del país, el caso de Mohamed E.M. llega a su etapa final, tras casi ocho años de proceso judicial.