Un defecto de forma libró al director territorial de Ingesa de una sanción administrativa

Un defecto de forma en el procedimiento disciplinario permitió que el director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, Omar Haouari, evitara una sanción por presunto acoso laboral. A pesar de que un informe interno calificaba los hechos como una falta “grave”, se abrió un expediente y se le condenó a la “suspensión de funciones durante 150 días”. La actuación administrativa fue tan deficiente que acabó desembocando en la prescripción de la infracción.

El caso se remonta a 2011 cuando Haouari era todavía médico en Nefrología, su especialidad. Una enfermera se vio obligada a interponer una denuncia interna y relató haber sido víctima de un trato humillante, autoritario y degradante por parte del ahora directivo. La empleada de Ingesa expuso en su declaración un contexto de presión laboral, amenazas constantes, desautorizaciones en público y comentarios vejatorios que, según sostenía, configuraban un claro ejemplo de acoso psicológico continuado en el trabajo. Tras abrir diligencias previas, el equipo de Inspección de Servicios de la propia administración concluyó que existían indicios sólidos de acoso laboral, por lo que recomendó abrir un expediente disciplinario por falta grave.

Sin embargo, la Dirección General del Ingesa no tramitó el procedimiento conforme a los plazos legales establecidos. El expediente se incoó más de seis meses después de haberse iniciado las diligencias previas, superando el límite legal para su apertura. Este error de forma motivó que el expediente fuese archivado por prescripción de la falta. El directivo recurrió primero ante el propio Ingesa, que desestimó su recurso, pero posteriormente acudió a la vía judicial. Los tribunales reconocieron que, efectivamente, el procedimiento no estaba bien hecho y que la infracción había prescrito, por lo que no debía cumplir la sanción, independientemente de los hechos que se investigaban.

No desmiente el contenido

La decisión judicial no desmiente el contenido del informe de Inspección ni las conductas descritas por la denunciante, pero se limita a señalar que el procedimiento sancionador no fue tramitado correctamente. Esta conclusión generó un profundo malestar entre parte del personal sanitario, que ve cómo una denuncia grave de acoso acaba sin consecuencias debido a errores burocráticos y una aparente falta de voluntad política para depurar responsabilidades.

Este episodio ha cobrado aún mayor relevancia al contextualizarse dentro de un problema más amplio: el retroceso evidente de las mujeres en los equipos directivos del Ingesa en Melilla. En el año 2023, la estructura directiva contaba con cinco mujeres, tres de ellas en puestos de dirección. Sin embargo, a fecha de marzo de 2025, todos los cargos directivos están ocupados por hombres. Ni la Dirección Territorial, ni las direcciones médicas y de enfermería del hospital, ni las subdirecciones cuentan con representación femenina. De hecho, varios de los puestos vacantes no están cubiertos y no se prevé la incorporación de mujeres en ninguno de los cargos principales.

Esta realidad choca frontalmente con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, que regula la representación paritaria en el sector público estatal. Según dicha norma, ningún sexo puede superar el 60% ni estar por debajo del 40 % en los órganos de dirección. A pesar de ello, en Melilla el desequilibrio es absoluto, con un 100% de hombres en los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura sanitaria local.

El caso del expediente archivado, unido a esta regresión en la equidad de género, ha abierto un debate sobre la falta de transparencia, el incumplimiento normativo y el deterioro progresivo del sistema de gestión sanitaria pública en la ciudad. Exprofesionales del sector denuncian que la ausencia de planificación y la designación de cargos por afinidad política, y no por méritos o experiencia, están provocando una crisis de confianza en la sanidad pública melillense.

La situación no sólo supone un problema legal, sino también de legitimidad institucional. La combinación de impunidad en casos de acoso, errores administrativos y discriminación de género en los nombramientos compromete gravemente los principios de igualdad, justicia y profesionalidad que deberían regir en cualquier administración pública.