El diputado a Cortes del PP, Antonio Gutiérrez, señala que se llegó a un principio de acuerdo con el Gobierno para que ambas administraciones cofinanciaran el sector. Decepción es la palabra que mejor define la sensación que el diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados por Melilla, Antonio Gutiérrez, se llevó al término de la Comisión de Sanidad a la que asistió la semana pasada, y que estuvo marcada por un cambio de parecer del Grupo Socialista cuando el acuerdo parecía inminente. Y es que el asunto que se debatió fue la Proposición No de Ley que Gutiérrez presentó en 2009 para que el Gobierno central no recortara su financiación en Melilla a determinadas políticas sociales que hasta ahora eran sufragadas a partes iguales por ambas administraciones, en concreto las referentes al voluntariado, familias desfavorecidas y mayores. Esfuerzos y negociación No obstante, y pese a que el Grupo Popular realizó esfuerzos para llegar a un consenso con los socialistas y que la Proposición viera luz verde, ésta se vio rechazada en el último momento al presentar el PSOE un texto “completamente diferente” al propuesto. El diputado popular señaló que la intención original de su Grupo era que se mantuviera la cofinanciación y de que la Proposición se extendiera al resto de autonomías. Sin embargo, para llegar a un punto de acuerdo, se presentó una enmienda transaccional en la que tan sólo se señalaba que había que mantener la financiación a partes iguales en los tres convenios. “Al llegar el debate la portavoz del PSOE, Lucinda Corral, presentó un texto que difería completamente de aquel que habíamos consensuado, ya que incluso había desaparecido el término cofinanciación. Era muy ambiguo y devaluaba completamente los puntos acordados, así que consulté al Grupo y volvimos a presentar la Proposición No de Ley original, que fue derrotada con los votos del PSOE e IU”, lamentó el popular. Así pues, no le quedó más que señalar que le había resultado “chocante” que tras llegar a un acuerdo éste se viera roto de manera casi inminente, y especuló con la posibilidad de que la portavoz socialista hubiera recibido críticas de su partido para no aceptar las condiciones que se habían acordado”. Al hilo, reprochó la actitud “de un Gobierno que se dice progresista”, ya que con su decisión las políticas sociales a nivel local se verán seriamente recortadas. No obstante, apuntó que volverá a insistir en esta cuestión en el próximo periodo de sesiones. Menos recursos Por tanto, la Ciudad Autónoma tendrá que hacer frente al mantenimiento de los convenios de voluntariado, familias desfavorecidas y mayores con menos recursos económicos, ya que la aportación del Estado se ha visto reducida del 50 al 25 por ciento. Una situación que deja a estos colectivos en una delicada situación “por la actitud mostrada por PSOE e IU, que han sido incapaces de llegar a un consenso”. Así, a la Ciudad Autónoma, y en concreto a la Consejería de Bienestar Social, no le queda otro camino que paliar la falta de fondos del Gobierno central aportando los propios. En este aspecto, la responsable del área, Mª Antonia Garbín, ya afirmó que intentarán solventar la escasez de medios económicos en la medida de lo posible.