Un año después de que al menos 23 migrantes, la mayoría sudaneses, murieran intentando cruzar la valla que separa Marruecos de la ciudad española de Melilla, las autoridades marroquíes han identificado y enterrado a solo uno de los fallecidos y la justicia del país ha condenado a 61 detenidos en relación con el salto.
La conocida como "tragedia de Melilla" o "24J", uno de los peores dramas migratorios vividos en esa frontera, ocurrió en la madrugada del 24 de junio, cuando cerca de 2.000 personas intentaron acceder al puesto fronterizo del Barrio Chino provocando un balance de 23 muertos además de cientos de heridos entre emigrantes y agentes marroquíes y españoles.
Oenegés como Amnistía Internacional o la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) denunciaron maltrato y omisión de auxilio por parte de las autoridades de ambos países durante su actuación en este día.
Identificación
Según informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior marroquí, el recuento definitivo de muertos es de 23 personas, una cifra que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador eleva a 27, aunque no justifica este incremento.
Por ahora solo se ha identificado a uno de ellos: A.B., de nacionalidad sudanesa, que fue enterrado en abril por su familia en el cementerio de Salem de Nador con la asistencia de las autoridades marroquíes, explica Interior.
Fuentes asociativas indican a EFE que el resto han sido sometidos a pruebas genéticas de ADN y a los trámites necesarios, a la espera de ser identificados por sus familias.
"La operación de identificación es delicada y compleja", afirman fuentes de la Delegación Interministerial de Derechos Humanos, ya que, explican, en el proceso participan la Fiscalía, el Ministerio de Exteriores, la embajada afectada y los familiares.
Desde este organismo oficial, dedicado a reforzar la acción del Gobierno en derechos humanos, afirman que Marruecos está cooperando con las embajadas para "acelerar las operaciones de identificación de sus nacionales".
Condenas de hasta 3 años
El 24J, las autoridades marroquíes detuvieron a los centenares de migrantes que protagonizaron el intento de cruce. Unos fueron alejados en autobuses hacia el interior o sur del país, otros fueron procesados.
En este año, han llevado a cabo además diferentes redadas (antes y después del drama) en la región para detener y alejar a los migrantes que esperaban la ocasión de cruzar a Melilla. Decenas de ellos fueron también juzgados.
Interior defiende que los "traslados colectivos" de migrantes a otras ciudades son conformes al artículo 41 de la ley 02-03 de extranjería de Marruecos y se realizan en "medios de transporte públicos, en las mismas condiciones aplicables a los pasajeros en el respeto de su comodidad y dignidad".
Según el abogado de la AMDH de Nador Mbarek Buirek, 61 personas -la mayoría sudanesas- han sido condenadas en relación con el salto, en cuatro expedientes divididos según la gravedad de las acusaciones.
Las sentencias oscilan entre 11 meses y 3 años de prisión y se les atribuyen delitos como tráfico de personas, residencia ilegal, violencia contra las fuerzas públicas o desobediencia.
La AMDH de Nador sostiene que hay además 64 desaparecidos que participaron en el 24J, unas afirmaciones que las fuentes de Interior marroquí consideran "infundadas".
¿Uso excesivo de la fuerza?
El organismo público Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un informe sobre el 24J en el que concluyó que los muertos eran 23 y que fallecieron por "caída de la valla" y "asfixia mecánica".
En ese documento se explica que la fiscalía marroquí abrió una investigación sobre los hechos, en la que se concluyó que la actuación policial se hizo "en pleno respecto de la ley" y no hubo uso excesivo de la fuerza.
Según Mohamed Amarti, presidente de la CNDH en la región, la fiscalía actuó con "independencia y transparencia" y no hubo "carencias" en la intervención de las autoridades ese día.
Por la parte española, la Fiscalía abrió una investigación sobre los hechos, que archivó al no ver indicios de delitos de homicidio imprudente u omisión del deber de socorro por las fuerzas españolas. Concluyó que la avalancha de personas provocó amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.
Sin embargo, Amnistía Internacional, que en su informe acusó a las fuerzas marroquíes y españolas de "crímenes contra el derecho internacional", criticó entonces la medida de la fiscalía española, que consideró un avance "hacia la impunidad de lo ocurrido".
