UGT pide abrir una mesa negociadora de la Policía Local para las elecciones

El sindicato denuncia que el teléfono de emergencia 092 sea atendido por personas de una empresa privada y no por los propios agentes.

El Sindicado de la Policía Local de la FSP–UGT denunció ayer en nota de prensa la “falta de compromiso” de la Administración local con ese Cuerpo y pidió abrir una mesa sectorial de negociación para tratar sus reivindicaciones de cara a las próximas elecciones locales del 24 de mayo.
El sindicato recordó la petición que realizó para el “volcado de datos a la Seguridad Social del censo de policías locales para que la Ciudad haga el estudio de viabilidad para el adelanto de la edad de jubilación de los agentes”.
“Se les ha pedido por activa y por pasiva y no hemos conseguido que lo hagan”, apostilló el sindicato.  También recordó la solicitud realizada para el cambio de la gestión del número de emergencias 092, tras los problemas registrados. “El problema básicamente es que al ciudadano, cuando llama al 092 le atiende una persona de una empresa privada no un policía. Esto supone un fraude para el ciudadano y un retraso en el tiempo de respuesta policial. No se han dignado a tratar el tema”, denunció la organización sindical.

Peticiones “en saco roto”
La compra de 20 chalecos de protección para 200 agentes que conforman la plantilla es, para el sindicato, “insuficiente”.  También reclaman una orden ministerial al Ministerio de Educación, “donde se reconozca la equivalencia formativa de los policías locales con el título de técnico superior correspondiente a la Formación Profesional del sistema educativo. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta alguna”, señaló.
Asimismo Sindicato de la Policía Local en UGT denuncia que no se haya reducido la jornada de los agentes en verano y reclama a la Consejería de la Seguridad Ciudadana que haya un catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad para cubrir los mismos.
La organización sindical lamenta que todas estas peticiones que ha realizado a la Consejería hayan caído “en saco roto”, lo que achaca a una “falta de compromiso” de la Administración local.