UGT está elaborando un estudio específico para analizar de forma pormenorizada si las empresas de seguridad están cumpliendo con los pliegos de los contratos adjudicados por las instituciones públicas, así como si están ejecutando todos los puntos del convenio colectivo del sector. El secretario de la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT de Melilla, José Luis Faus, aseguró que este proyecto se está desarrollando ya en Melilla, y que luego esos datos se pasarán a nivel nacional para hacer una comparativa entre las autonomías.
Faus indicó que el objetivo es observar de cerca a estas empresas que no siempre ni en todos los casos se han portado de forma correcta con los vigilantes de seguridad, bien porque se saltaban los acuerdos de los convenios o porque no se cumplían todos los puntos del pliego que firmaban.
En Melilla “hay dudas” de que todas las empresas cumplan con todos estos requisitos. Pero será más adelante,cuando se concrete ese análisis en un documento, cuando se pueda hablar de forma particular sobre las problemáticas de Melilla en este sector.
Faus explicó que se van a estudiar tanto las empresas que trabajan para la Administración local, como para la central, en relación a todos los ministerios, como el Defensa o Sanidad.
El secretario del sector servicios de UGT remarcó que saben que hay empresas que cumplen a raja tabla con el pliego de condiciones, pero, en cambio, no aplican todos los puntos del convenio nacional de seguridad privada.
En otras ocasiones, es al contrario, sí se cumple con el convenio pero no se ponen en marcha todas las mejoras que se dijeron que se iban a hacer para ganar el concurso y que precisamente hizo que la Administración le adjudicara a dicha empresa el contrato.
En Melilla hubo problemas con una de las empresas contratadas por el Ministerio de Defensa, Marsegur. Faus aseguró que, afortunadamente, ésta se fue y desapareció, no sólo por el bien de los trabajadores de este sector en la ciudad, sino en todo el país porque fue la ganadora de un contrato para vigilar los acuartelamientos de Defensa. Esta empresa implantó su propio convenio privado para los trabajadores reduciendo el salario que recibían, saltándose el convenio laboral nacional y sin respetar las condiciones de trabajo de los empleados. Asimismo, llegó a pagar tarde las nóminas y a reducir los complementos. Desde que se marchó, el sindicato no ha vuelto a tener quejas de los trabajadores que están destinados en estos espacios para su vigilancia y seguridad.
No obstante, sí que hay un tema que está pendiente de mejoras y son los profesionales que están en el Centro de Estancia Temporal del Inmigrantes.
Faus explicó que han mantenido en este 2018 reuniones con la Secretaría de Estado de Trabajo y también con la Delegación del Gobierno de Melilla para aportar soluciones a los problemas que tienen estos vigilantes en el desarrollo de su trabajo en el centro y mejorar sus condiciones. Subrayó que “estamos en el buen camino” y hay “voluntad muy positiva por parte de la Administración” para llegar a un buen puerto en este asunto lo más pronto posible.
Por otro lado, UGT dentro de su campaña ‘A mí quién me protege’ viene denunciado desde el ámbito nacional la escalada de agresiones sufridas por vigilantes de seguridad durante el desempeño de sus funciones.
“Resulta lamentablemente habitual observar como vigilantes de seguridad, prioritariamente en lugares denominados de pública concurrencia, son agredidos con total impunidad, sin que empresas, usuarios de seguridad y el propio Ejecutivo, tomen ningún tipo de decisión ante las constantes reuniones y peticiones al respecto realizadas desde UGT”, indicó.
Mejorar a través de un reglamento y en forma global las medidas de protección para este tipo de colectivos en lugares de pública concurrencia, así como reforzar la colaboración entre la seguridad pública y privada son “elementos para poner en marcha sin más dilación, más allá de esconderse en el ámbito competencial o seguir dando calladas por respuesta”, remarcó el sindicato.
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