La UGT de Melilla ha denunciado lo que considera "pasividad" de las empresas y las administraciones públicas ante las agresiones de las que son objeto los vigilantes de seguridad. El sindicato pide para estos trabajadores una mayor protección jurídica en su actividad laboral, así como más formación y que se les dote de elementos de autoprotección.
Para UGT, sindicato mayoritario para la seguridad privada a nivel nacional, los hechos acaecidos en los últimos días en lugares de pública concurrencia en la Rioja así como en el Metro de Barcelona, son "una suma y sigue de las continuas agresiones que viene sufriendo a diario" este colectivo.
Se trata de sector que, en líneas generales, obedece según los ugetistas a empresas y propios clientes, a los que acusa de disminuir los presupuestos "creando una falsa sensación de seguridad en distintas instalaciones, dejando desprotegidos a los vigilantes mediante la reducción de efectivos y la escasa o nula capacidad de dotar a las plantillas de suficiente formación específica y de medios de autoprotección adecuados".
"Las distintas administraciones permanecen al margen de sus responsabilidades como en el caso del transporte urbano donde se siguen produciendo agresiones continuas sin tomar ningún tipo de medida que no sea otro que la reducción sistemática de costes", señala la organización.
Según la UGT, el Gobierno central "sigue sin adecuar reglamentariamente una mayor protección jurídica para los vigilantes de seguridad durante el desempeño de sus funciones así como abordar por Ley dotaciones de autoprotección obligatoria para las empresas en determinados servicios de seguridad".
Este sindicato entiende que resulta "de vital necesidad avanzar hacia una mayor colaboración público-privada en materia de protección en determinadas instalaciones que, durante años, vienen generando continuas agresiones al personal de seguridad privada y no han encontrado respuesta eficaz que disminuya las mismas".
UGT dentro de su campaña “A mí quién me protege” ha solicitado a responsables de Interior la necesidad de reconocer a la seguridad privada como profesión de riesgo.
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