UGT convocará una huelga general “si nos imponen una reforma laboral”

El secretario general del sindicato en Melilla manifiesta su apoyo al paro del próximo día 8 de junio.

El secretario general de UGT- Melilla, Alonso Díaz, manifestó ayer  que el objetivo del sindicato es alcanzar un acuerdo equilibrado en relación con el mercado de trabajo pero también  ha advertido que, ante la ausencia de este acuerdo y si el Gobierno decide legislar estableciendo una reforma laboral “lesiva” contra los intereses de los trabajadores, “la Comisión Ejecutiva Confederal, junto a CCOO, procederá a la convocatoria de una huelga general”.
Díaz, que participó en el Comité Confederal de UGT, quiso señalar el apoyo de toda la organización al paro general de los empleados públicos –el próximo 8 de junio– y a las manifestaciones y concentraciones previstas, ese mismo día, en contra de los recortes sociales aprobados por el Gobierno.
El máximo dirigente de UGT-Melilla dijo que el Comité Confederal debatió y aprobó las alternativas y propuestas sindicales ante el recorte social y salarial, que pasan por luchar contra el déficit actuando por la vía de los ingresos y repartiendo los sacrificios, a través de una política fiscal equitativa.
El secretario general de UGT-Melilla  calificó por último el plan de ajuste aprobado por el Gobierno, como “injusto, erróneo y estéril” y afirmó que “obstaculizará la recuperación económica y el empleo y tampoco va a solucionar los problemas de déficit en los plazos establecidos”.
Asimismo, y según señala en una nota de prensa, este plan de ajuste tiene dos efectos negativos; Por un lado, “se contamina el escenario de negociación colectiva en los sectores privados –en lugar de tomar como referencia el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado recientemente con la patronal, algunos empresarios pueden tener la tentación de tomar como referencia el recorte salarial a los empleados públicos– y; por otro, también añade más dificultades a la negociación sobre el mercado de trabajo”.
El sindicalista recuerda que estas negociaciones están en una fase en la cual “es fundamental la presencia del Gobierno para que dé su opinión en materias relacionadas con las cotizaciones sociales o las fórmulas de contratación, entre otras”.