Economía, Empleo y Turismo

UGT aprueba el acuerdo con el Gobierno para la subida salarial a los empleados públicos

El incremento llegará al 9,5 pr ciento entre este año y 2024

UGT-Servicios Públicos ha dado el visto bueno al acuerdo con el Gobierno que fija, en materia salarial, una subida del 9,5 por ciento entre los años 2022 y 2024.

El sindicato señala que la subida que proporciona el acuerdo amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de la compra de los casi tres millones de empleados públicos del país.

UGT apoya este acuerdo “desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad” que le “caracteriza”, ha afirmado el sindicato mediante una nota de prensa, para alegrarse, a continuación, de que, por primera vez en un período de crisis, los empleados públicos tendrán un incremento salarial en vez de sufrir recortes en derechos y en sueldos.

El acuerdo plantea una subida salarial máxima del 9,5 por ciento entre 2022 y 2024 con cifras que comienzan este año con un incremento del 1,5 por ciento consolidable sobre el 2 por ciento inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. La subida tendrá carácter retroactivo desde enero y se abonará en una paga adicional antes de que acabe el año.

A continuación, en 2023 habrá una subida fija del 2,5 por ciento, más dos subidas variables del 0,5 por ciento cada una. La primera operaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 supera el 6 por ciento correspondiente a la suma del incremento salarial previsto inicialmente para estos dos años. Además, tendría carácter retroactivo y consolidable y se haría efectiva en octubre de 2023. La segunda se cobraría si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9 por ciento.

Por último, en 2024 habrá un aumento fijo del 2 por ciento más un 0,5 por ciento variable que se cobraría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8 por ciento. Se cobraría con carácter retroactivo y consolidable.

El sindicato concluye afirmando que “el acuerdo derogará los aspectos lesivos del Real decreto-Ley 20/2012 e impulsará la tramitación de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado”.

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