El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta y Melilla en la contratación de servicios de asistencia sanitaria por más de medio millón de euros y en la adquisición de medicamentos por 2,3 millones de euros.
Así figura en el Informe de fiscalización de la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 2016 que presentará esta tarde en el Congreso de los Diputados la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente.
En concreto, el informe señala que un "significativo" importe de los pagos realizados por el INGESA en 2016 por la contratación de servicios de asistencia sanitaria con empresas privadas, se efectuó al margen de los procedimientos de contratación previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.
En el caso de Ceuta, este importe asciende a 111.788 euros, mientras que en Melilla supone 407.304 euros.
El Tribunal de Cuentas destaca, asimismo, que se efectuaron pagos a dos empresas, a pesar de que los contratos ya habían finalizado.
Respecto a la ejecución de contratos, se han detectado varias incidencias de la gerencia de Atención Sanitaria de Melilla como incumplimientos de contrato por un importe de cerca de 291.000 euros, excesos de facturación por 180.556 euros o facturación de pruebas no prescritas por 160.672 euros.
Además, el informe destaca que el 94,02 % de las adquisiciones de medicamentos efectuadas por las Gerencias de Atención Sanitaria de Ceuta y Melilla (15.690.582 euros de un total de 16.688.176 euros) en el ejercicio 2016 se efectuaron mediante compra directa, al margen de los procedimientos de contratación previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.
De estos importes, 1.953.999 euros correspondientes a la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta y 350.471 euros a la de Melilla debieron haberse realizado mediante contratos derivados de los Acuerdos Marco.
El Tribunal de Cuentas advierte, así, que esto supone el incumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, publicidad, igualdad, no discriminación y salvaguarda de la libre competencia que deben regir en los procedimientos de contratación administrativa de la Ley.
Además, las Gerencias de Atención Sanitaria de Ceuta y Melilla efectuaron pagos en 2016 a diferentes laboratorios farmacéuticos para la adquisición de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C por un importe superior al correcto, al no haberse tenido en consideración de forma adecuada los techos de gasto establecidos.
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