Un alumno de Melilla ha sido condenado a tres meses de libertad vigilada tras amenazar a una de sus profesoras en el instituto. Durante ese trimestre el estudiante deberá recibir la formación necesaria para afrontar los déficits que presenta, según consta en la sentencia firme a la que ha tenido acceso El Faro.
El magistrado Álvaro Salvador Prieto, del Juzgado de Menores de Melilla, considera que el alumno es autor de unos hechos que, de ser mayor de edad, serían constitutivos de un delito leve de amenazas.
La docente que ha ganado el caso anima al resto de profesores de la ciudad a seguir sus pasos y dejar de normalizar o restar importancia a las amenazas que reciben por parte de los alumnos.
Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2022, último día del curso pasado, cuando la docente llamó la atención de un alumno que "se esta portando fatal" durante el examen de recuperación. "Estaba gritando, haciendo ruido de animales y cantando", señala la profesora, que terminó echándolo del aula. Antes de abandonar la clase, el menor la amenazó: "A ver si te pillo en la calle", le dijo "haciendo aspavientos con las manos hacia ella".
La docente no se lo pensó dos veces y lo denunció. La semana pasada recogió la sentencia a su favor, y por eso anima al resto de profesores a dar el paso para cortar este tipo de actitudes que se dan más a menudo de lo que se cree en las aulas de Melilla.
Las diligencias del caso fueron incoadas el 21 de septiembre del año pasado y en ellas aparece encartado el alumno por un presunto delito leve de amenazas.
Desde un primer momento, el equipo técnico de apoyo emitió un informe sobre la situación psicológica y familiar del menor, proponiendo como medida la libertad vigilada.
El Juzgado de Menores recibió el expediente de la Fiscalía de Menores el 11 de enero de este año con las alegaciones correspondientes y se le dio traslado a la defensa, que no estuvo de acuerdo con lo que pedía el Ministerio Fiscal. Posteriormente se decretó la apertura de la Audiencia, que se celebró el pasado 30 de enero.
La Fiscalía calificó los hechos como un delito leve de amenazas y pidió para el alumno 3 meses de libertad vigilada. El menor se declaró autor de los hechos y mostró su conformidad a la medida solicitada y ambas partes mostraron su decisión de no recurrir, por lo que la sentencia es firme.
La condena de tres meses de libertad vigilada busca que el alumno se responsabilice del hecho cometido, pero al mismo tiempo, el fallo del juez debe ir dirigido a ayudar a conseguir la finalidad educativa que debe acompañar a toda resolución del Juzgado de Menores.
En este caso, consta que el alumno tiene una relación familiar delicada, atendiendo a su composición (madre con tres hijos a su cargo) y sus escasos ingresos económicos. Los expertos a cargo del caso destacan, además, que no están claras las normas; el adolescente "carece de expectativas realistas de futuro"; tiene escaso autocontrol, es impulsivo y carece de habilidades para la resolución de conflictos.
En base a esto el juez decidió que los tres meses de libertad vigilada el alumno reciba la formación necesaria para afrontar los déficits que presenta.
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